Nuestra Junta Fiscal de Cada Día

La Junta de Control Fiscal atendiendo deposiciones / Foto: crédito 80 Grados

El 30 de junio de 2016, el entonces presidente de la nación norteamericana convirtió en Ley el supuesto rescate financiero para Puerto Rico, a través del proyecto que eventualmente se le ha llamado PROMESA.

Aprobado además por el Congreso, la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico impuso la creación de una Junta de Supervisión y Administración Financiera en la Isla.

Dicho por el propio  Barack Obama: 

“It’s not, in and of itself, going to be sufficient to solve all the problems that Puerto Rico faces, but it is an important first step on the path of creating more stability, better services and greater prosperity over the long term for the people of Puerto Rico” 

Esta Junta Fiscal nos viene a Puerto Rico en momentos en que se ha desenmascarado un cuadro financiero desolador, por lo cual el Gobierno intentó como último salvaguarda radicar la quiebra nacional o bancarrota, estipulada en el Título III de la Ley Promesa.

Pero el Tribunal Supremo norteamericano le falló en contra a Puerto Rico sobre la ley que el entonces gobernador Alejandro García Padilla firmó en 2014 para lograr la radicación de  quiebra a empresas públicas y evitar el pago la deuda. Según el Supremo estadounidense, Puerto Rico no podrá establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda de 72.000 millones de dólares, de los que cerca de la mitad corresponden a corporaciones públicas, que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote. (según el artículo Agencia EFE).

Habiendo perdido las elecciones el candidato por el Partido Popular Democrático, David Bernier, el Gobernador electo, Ricardo Rosselló tendría que enfrentar a una Junta compuesta por 7 miembros,  una Jueza nombrada por el Congreso norteamericano y la incapacidad política y jurídica para establecer mecanismos de recuperación ya que los  mismos están bajo la cláusula territorial del Congreso de Estados Unidos.

Como si fuese poco, dos huracanes azotaron nuestro territorio, uno de ellos sobre la categoría 4: el Huracán María causó una devastación nunca antes vista, ni siquiera por el Huracán San Felipe en 1928. Un destrozo sin precedentes en medio de unas circunstancias financieras extremadamente grandes, dejaban a un estado político cautivos de un ente calculador ante el congreso y que como las agencias de cobro, no iban hacer absolutamente nada para recuperar el país. 

Gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló / Foto: José Carlo Burgos / Fotoperiodista

Y esto ha llegado al punto que ayer la Junta de Control Fiscal le exigió al Gobernador Ricardo Rosselló que elimine las protecciones laborales con las que cuentan los empleados y trabajadores públicos en Puerto Rico.

Según la información que se desprende del periódico El Vocero por Laura Quintero, la Junta Fiscal exige unos cambio trascendentales en el área laboral que cobija a todo empleado o trabajador público en Puerto Rico.

Propone este ente extranjero una jurisdicción tipo "empleo voluntad" lo cual está vigente en los 49 estados de la unión norteamericana. Según esta determinación cualquier empleado puede ser despedido en cualquier momento sin mediar ningún tipo de aviso y mucho menos alguna compensación. Elimina además el Bono de Navidad y el pago por vacaciones y pago por vacaciones de enfermedad.

Este tipo de medida se propone luego de un evento atmosférico de la magnitud que pasó por la Isla y sobre la cual no se recupera; al día de hoy todavía más de un 25% de los ciudadanos carecen del servicio eléctrico y en algunos casos, de agua potable.

No podemos dejar en el vacío que miembros de la Junta de Control Fiscal luego de haber sido nombrados por el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, tuvieron un papel determinante en las finanzas de la Isla. Siguiendo el escrito del Centro de Periodismo Investigativo, específicamente en un artículo publicado el 16 de diciembre de 2016 se expresa lo siguiente:

"bajo la dirección de González y García, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública. En 2004 Santander ayudó a emitir $6.1 mil millones en bonos, incluyendo $1.2 mil millones de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público".  

Según el mismo informe:: 

"García y un grupo de ex ejecutivos de Santander implementaron en el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis en Puerto Rico. Este grupo facilitó la creación y la distribución de transacciones de bonos que contienen características que algunos expertos han denominado como depredadoras y a las cuales el Banco Santander obtuvo ganancias.

Cada uno de ellos recibió compensaciones millonarias de productividad sobre estos hechos. Ahora ellos están en posiciones claves dentro de esta Junta. Mientras les quitan los derechos laborales a los empleados y atentan contra los valores económicos de este pueblo, se han convertido en una estampa burda de una agencia de cobros patrocinada por el Congreso y a quiénes en realidad le importa poco las consecuencias que ello pueda causar dentro de unos índices económicos que se han deteriorado tanto en Puerto Rico.