Justicia, pero no es para todos

 

La justicia no puede depender de la capacidad económica, de las relaciones personales ni de la posición que se ocupe dentro de una estructura de poder.

El lunes, 26 de octubre de 2026, trascendió a través de los medios de comunicación el caso de William Rivera Sánchez, quien, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, se atribuyó dos asesinatos perpetrados el día anterior. Horas más tarde, Rivera Sánchez fue encontrado muerto de un disparo dentro de su apartamento, en circunstancias que las autoridades investigan como un aparente suicidio.

Durante aquella transmisión, Rivera Sánchez manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:

“Hace un tiempo atrás yo invertí un dinero para dos dispensarios de Cannabis Medicinal. Todos mis ahorros yo se los di a dos personas. Número uno, a Félix Plaud y segundo al licenciado Luis Quiñones. Estas dos personas se aprovecharon de mi buena fe, de mi buena voluntad, hicieron con el dinero lo que les dio la gana y las cosas que tenían que hacer con los dispensarios no lo hicieron. Yo me cansé. Me cansé de hacer las cosas a la buena y hoy tomé la decisión, ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala. Ayer asesiné a Félix Plaud y ahora mismo acabo de asesinar a Luis” (Telemundo, 2026).

Según informó la cadena de noticias, el abogado Luis Quiñones González fue baleado alrededor de las 10:45 a. m., cuando salía de un tribunal en Ponce. Horas después, aproximadamente a las 2:30 p. m., las autoridades recibieron otro reporte sobre un hombre encontrado baleado en el barrio Borinquen, cerca de una gasolinera en el municipio de Guayama. Posteriormente, la Policía confirmó que se trataba de Félix Plaud (Telemundo, 2026).

De acuerdo con la información divulgada, Rivera Sánchez había acudido a los tribunales mediante una demanda de cobro que sobrepasaba los 160 mil dólares. Asimismo, había presentado una reclamación por daños relacionados con la angustia emocional y otras circunstancias vinculadas con el mismo conflicto. Se trata de reclamaciones cuya trayectoria y estado procesal merecen examinarse con detenimiento.

De manera particular, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, expresó que los asesinatos del abogado Luis Quiñones González y de Félix Plaud no involucraban a la Rama Judicial. Sin embargo, según informó WAPA a través del programa Los Datos Son Los Datos, el analista político Jay Fonseca cuestionó la respuesta institucional y señaló que el Departamento de Justicia no había ido más allá ante la información de que Plaud acumulaba numerosos casos en su contra. También planteó interrogantes sobre la capacidad del sistema para atender oportunamente estas situaciones y determinar si procedía la radicación de cargos (WAPA, 2026).

Estas circunstancias nos colocan frente a una realidad que merece ser examinada: ¿hasta qué punto la lentitud de los procedimientos judiciales y la ausencia de respuestas oportunas debilitan la confianza de los ciudadanos en las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger sus derechos?

La justicia tardía puede convertirse en una forma de desatención institucional. El eco de las palabras del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, en su obra El sistema judicial en Puerto Rico (1978), debería servirnos de recordatorio. Al referirse a las deficiencias de nuestro sistema judicial, Trías Monge advertía sobre “las transcripciones tardías, las repetidas suspensiones, la complicación excesiva de los procedimientos, la falta de diligencia de algunos abogados, la ausencia de suficiente personal” y la necesidad de que la sociedad puertorriqueña se librara de esa situación para evitar que la fe en la justicia se debilitara irremediablemente (pp. 169–171).

Casi medio siglo después, cabe preguntarnos cuánto hemos avanzado realmente.

Aunque cometer un acto criminal está tipificado en nuestro Código Penal y el derecho a la vida constituye un principio fundamental, también debemos reconocer que la incapacidad de las instituciones para ofrecer respuestas oportunas a quienes acuden a ellas en busca de un remedio representa una seria deficiencia ciudadana. Una reclamación por un posible fraude, una disputa económica o cualquier otra controversia debe encontrar respuesta dentro de los mecanismos que establece la ley.

La frustración de una persona ante la aparente ausencia de soluciones institucionales merece ser examinada. Sin embargo, jamás puede convertirse en justificación para ejercer violencia contra otros. La justicia no puede ser sustituida por la venganza, como tampoco puede el Estado desentenderse de su responsabilidad de ofrecer remedios oportunos.

Por otra parte, esta situación no puede analizarse de manera aislada de la realidad política y administrativa que atraviesa Puerto Rico. Cuando al menos once funcionarios y secretarios de gabinete han sido señalados o referidos ante organismos de investigación, el Departamento de Justicia, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente u otras instancias, resulta indispensable examinar la responsabilidad pública y la transparencia gubernamental. Cada señalamiento debe evaluarse según su naturaleza y su estado, sin confundir una investigación con una determinación de culpabilidad.

A ello se suma un aparato gubernamental que parece permanecer distante frente al sufrimiento económico de la ciudadanía y las dificultades que enfrenta el país en materia de servicios esenciales. Mientras la gobernadora Jenniffer González y su administración continúan defendiendo sus ejecutorias, los ciudadanos siguen esperando soluciones concretas ante problemas que afectan su calidad de vida. La retórica política no sustituye la responsabilidad de gobernar ni puede convertirse en un mecanismo para ocultar las deficiencias de la administración pública.

En este escenario, la discusión sobre la justicia trasciende los tribunales. También nos obliga a examinar las estructuras gubernamentales, educativas y sociales que deberían garantizar condiciones de dignidad, igualdad y bienestar para todos.

Como reflexión sobre el poder, la desigualdad y la concentración de privilegios, William Miesok, en su obra Grim Begins(2025), plantea:

“no hay honor, no hay dignidad, solo el miedo lo mantiene todo unido. Mentiras y fantasías sobre un futuro brillante y prosperidad, ¿dónde está esa prosperidad? La disfrutan unos pocos en la cima, mientras que la gente común debe luchar para sobrevivir. ¿Dónde está la igualdad en eso? No se puede brindar justicia ni igualdad hoy, así que creen que un futuro brillante está a la vuelta de la esquina. Reemplazan a Dios con el Estado, reemplazan las tradiciones ancestrales, como este sinsentido, con rituales estatales, medallas y ceremonias de bandera. Quizás, lo que llaman igualdad y socialismo no sea más que otra forma de depositar un poder inmerecido en manos de unos pocos que gobiernan sobre los supuestos iguales” (Miesok, 2025).

Más allá de las interpretaciones políticas o filosóficas que podamos derivar de estas expresiones, existe una interrogante fundamental: ¿qué sucede cuando las instituciones que deberían garantizar la igualdad terminan reproduciendo las mismas desigualdades que tienen la responsabilidad de combatir?

La preocupación adquiere otra dimensión cuando examinamos el papel de las redes sociales y su utilización como instrumentos para divulgar, transmitir o amplificar actos de violencia. Las plataformas digitales han transformado radicalmente nuestra manera de comunicarnos. Sin embargo, esa misma capacidad de interconexión puede convertirse en un vehículo para propagar contenidos destructivos, estimular conductas violentas y facilitar la difusión de actos criminales.

El caso de Rivera Sánchez nos obliga a examinar esta realidad. Una persona que anuncia públicamente la comisión de actos criminales y posteriormente los transmite o reconoce mediante una plataforma digital coloca a la sociedad frente a un escenario que trasciende los mecanismos tradicionales de comunicación. No se trata únicamente de la conducta individual de quien comete un delito, sino también de las responsabilidades que deben examinarse cuando las plataformas digitales se utilizan para divulgar y amplificar contenidos violentos.

Un antecedente que permite ampliar esta discusión ocurrió el 14 de mayo de 2022, cuando un hombre armado asesinó a diez personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York. A raíz de estos acontecimientos, se presentaron reclamaciones judiciales contra distintas empresas tecnológicas, entre ellas YouTube y Reddit, por su presunta contribución a la difusión de contenidos y materiales que pudieron facilitar la planificación y ejecución del ataque (Politico, 2023).

En el caso de YouTube, las reclamaciones señalaban que la plataforma, propiedad de Google y su empresa matriz Alphabet, habría contribuido a que el atacante obtuviera información para planificar el atentado. Por su parte, Reddit fue cuestionada por la promoción de contenidos extremos mediante espacios especializados relacionados con equipos tácticos. Estas fueron alegaciones planteadas en el contexto de las demandas, no determinaciones definitivas de responsabilidad judicial.

Sobre este mismo acontecimiento, la Oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, publicó un informe investigativo titulado The Role of Online Platforms in the Tragic Mass Shooting in Buffalo, New York, en el que examinó el papel de distintas plataformas digitales en la difusión del contenido relacionado con el ataque del 14 de mayo de 2022.

En dicho informe se señaló:

“A raíz del tiroteo de Buffalo, los vídeos gráficos y las imágenes del tiroteo proliferaron a través de 4chan más que cualquier otro sitio visto en mi Oficina. Al discutir sobre su política de contenido uno de sus gestores principales indicó que —ni tan siquiera va en contra de las reglas porque las imágenes en sí no son ilegales, como tampoco son ilegales las imágenes de cualquier acto de violencia—”.

El documento también cuestionó la ausencia de medidas significativas para evitar la propagación de estos contenidos y examinó la utilización de transmisiones en vivo como mecanismos para divulgar e inspirar nuevos actos de violencia. En particular, señaló que Twitch deshabilitó la transmisión del ataque aproximadamente dos minutos después de comenzar la violencia, mientras que el contenido del atentado de Christchurch, Nueva Zelanda, transmitido a través de Facebook, continuó circulando después de finalizado el ataque.

La fiscal general advirtió que, aunque la transmisión del ataque de Buffalo fue relativamente breve, su contenido tuvo tiempo suficiente para difundirse ampliamente y convertirse en material potencialmente inspirador para futuros atacantes (Office of the New York State Attorney General, 2022).

Esta realidad nos obliga a cuestionar hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas digitales cuando sus servicios son utilizados para anunciar, transmitir o amplificar actos de violencia. No podemos ignorar que estas empresas tienen una capacidad tecnológica considerable para identificar, moderar y limitar la propagación de determinados contenidos. Tampoco podemos asumir que todas tienen idénticas responsabilidades o que la eliminación de un vídeo resuelve por sí sola el problema.

Las redes sociales, por otra parte, no pueden reducirse a sus aspectos negativos. Representan una herramienta extraordinaria de comunicación, intercambio de información y acercamiento entre personas. También han desempeñado un papel importante en la educación y la difusión del conocimiento, particularmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas tuvieron que recurrir a las plataformas digitales para mantener sus actividades educativas, laborales y sociales en medio de un confinamiento sin precedentes.

Asimismo, constituyen un mecanismo de comunicación inmediata que puede facilitar la búsqueda de ayuda y la difusión de información ante situaciones de emergencia. El problema no reside exclusivamente en la tecnología, sino también en el uso que hacemos de ella, en la responsabilidad de quienes la administran y en la capacidad de las instituciones para establecer mecanismos adecuados de protección.

Ante todos estos acontecimientos, debemos conservar la valentía necesaria para denunciar las deficiencias de la justicia, cuestionar la inequidad y exigir responsabilidades. A través de la investigación, el conocimiento, la educación y otros mecanismos de difusión, tenemos la oportunidad de contribuir a una sociedad más consciente de sus derechos y obligaciones.

La justicia no puede depender de la capacidad económica, de las relaciones personales ni de la posición que se ocupe dentro de una estructura de poder. Tampoco puede quedar subordinada a la paciencia de quienes esperan durante años una respuesta. Una sociedad que pierde la confianza en sus instituciones comienza a perder algo mucho más importante: su sentido de dignidad colectiva.

Ante esa realidad, tenemos la responsabilidad de denunciar, cuestionar y exigir respuestas. No desde la violencia ni desde la venganza, sino desde la valentía, la razón, la solidaridad y el respeto por la vida humana.

Porque la justicia, cuando deja de ser un derecho accesible para todos, termina convirtiéndose en un privilegio de unos pocos.

Referencias:

Hill, M. (2023, 16 de agosto). *Buffalo shooting survivors say social media companies and a body armor maker enabled the killer*. Associated Press. https://apnews.com/article/2de7c9fff3d3a90c28f926b304004c92

Miesok, W. (2025). *Grim Begins*. White Matter AS.

Office of the New York State Attorney General. (2022, 18 de octubre). *Investigative report on the role of online platforms in the tragic mass shooting in Buffalo on May 14, 2022*. https://ag.ny.gov/sites/default/files/buffaloshooting-onlineplatformsreport.pdf

Telemundo 51. (2026, 26 de octubre). *Escalofriante caso en Puerto Rico: hombre confiesa en redes el asesinato de un abogado y un activista*. https://www.telemundo51.com/noticias/puerto-rico/escalofriante-caso-en-puerto-rico-hombre-confiesa-en-redes-el-asesinato-de-un-abogado-y-un-activista/2840108/

Trías Monge, J. (1978). *El sistema judicial en Puerto Rico*. Editorial Universitaria.

WAPA-TV. (2026, 4 de noviembre). *Jay Fonseca critica a jueza presidenta del Supremo por desligar a los tribunales del caso de William Rivera*. https://wapa.tv/programas/losdatos/jay-fonseca-critica-a-jueza-presidenta-del-supremo-por-desligar-a-los-tribunales-del-caso/article_8541057a-33f6-4d16-8b18-d582d92ee905.html

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“Christa Pike: ¿Dónde comienza y dónde termina la justicia?”

 

NOTA: Advertencia de contenido: Este artículo aborda la pena de muerte, la ejecución mediante inyección letal y aspectos relacionados con la violencia y la muerte. El contenido puede resultar sensible o perturbador para algunas personas. 

Actualizado: 5 octubre de 2026

El 9 de agosto de 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión dividida, rechazó la petición del recluso Billy Ray Irick para detener su ejecución mediante inyección letal. La controversia giraba en torno al protocolo de tres drogas que Tennessee pretendía utilizar y al riesgo de que el procedimiento produjera un sufrimiento extremo.

En su disidencia, la jueza Sonia Sotomayor expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que el Estado estuviera a punto de infligir sufrimiento extremo a un preso bajo su custodia mientras una de las drogas utilizadas provocaría parálisis e impediría que pudiera manifestar lo que estuviera experimentando. Sotomayor escribió que, si la ley permitía que aquella ejecución siguiera adelante a pesar de la posibilidad de esos "espantosos minutos finales", Estados Unidos estaría aceptando la barbarie bajo el manto de la legalidad.

La preocupación no quedó únicamente en el terreno de lo hipotético. Irick fue ejecutado esa misma noche. Posteriormente, testigos describieron signos de sufrimiento durante el procedimiento, que duró más de veinte minutos.

Ciertamente, ambos casos no son idénticos. No lo son.

En el caso de Irick, la controversia llegó hasta la Corte Suprema antes de la ejecución y se centró, entre otras cosas, en el riesgo de sufrimiento que podía producir el protocolo de tres drogas. En el caso de Christa Pike, el 30 de septiembre de 2026, el procedimiento efectivamente se llevó a cabo y terminó sin producir su muerte.

Pero existe una coincidencia que resulta difícil ignorar: ambos acontecimientos ocurrieron en Tennessee y ambos nos colocan en el centro de una discusión sobre la relación entre un procedimiento diseñado para producir la muerte y la posibilidad de un sufrimiento que el propio Estado tiene la obligación de evitar.

Christa Pike cometió un crimen terrible. La víctima, Colleen Slemmer, tenía 19 años. Pike fue condenada por dicho asesinato, cometido en 1995, cuando tenía 18 años. De igual forma, Billy Ray Irick fue condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años. Nada de lo que estamos hablando necesita negar, justificar o minimizar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias.

Pero reconocer la gravedad de un crimen no implica necesariamente que el Estado tenga toda la potestad y legitimidad para aplicar, bajo cualesquiera circunstancias, métodos penales que puedan resultar bárbaros y tortuosos en sus consecuencias.

Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos?

Si el Estado afirma que está ejecutando una sentencia de muerte mediante un procedimiento diseñado para producir una muerte rápida y controlada, pero el procedimiento termina produciendo una prolongada situación de sufrimiento físico y posiblemente daño neurológico, aparece una contradicción brutal entre la intención jurídica y el resultado humano.

En el caso de Pike, después de recibir dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución, continuó respirando y fue trasladada a un hospital. Sus abogados informaron posteriormente que permanecía inconsciente y conectada a un respirador, en estado crítico. También señalaron lesiones importantes en sus brazos como consecuencia de los intentos de establecer el acceso intravenoso.

Al momento de escribir estas líneas, todavía no existe certeza sobre la extensión de las posibles lesiones neurológicas ni sobre su pronóstico a largo plazo. Lo que sí se conoce es que el intento de ejecución no produjo la muerte de Pike y que Tennessee ordenó una revisión independiente de lo sucedido. El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026.

Asimismo, el comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, anunció su renuncia pocos días después del procedimiento fallido.

¿Dónde comienza y dónde termina la justicia?

Hay algo que no puedo dejar de preguntarme ante el caso de Christa Pike.

No se trata de minimizar, justificar ni olvidar la atrocidad del asesinato de Colleen Slemmer. Tampoco de equiparar a Pike con su víctima. Se trata de preguntarnos qué significa realmente administrar justicia dentro de una sociedad que se considera civilizada.

En 2018, Nikolas Cruz asesinó a 17 estudiantes y miembros del personal de la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. En 2022 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra.

En 2023, Payton Gendron, quien había cometido un ataque racialmente motivado contra personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York, fue sentenciado por la jueza Susan Eagan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. Gendron asesinó a diez personas e hirió a otras tres.

En ambos casos estamos hablando de crímenes de una brutalidad extraordinaria.

Entonces resulta inevitable preguntarse:

¿Por qué la respuesta del Estado tiene que ser necesariamente distinta ante el caso de Christa Pike?

Pike participó en el asesinato de una joven de 19 años. Lo hizo de una manera brutal y, por ello, su condena no puede desligarse de la gravedad del crimen. Pero también es cierto que tenía 18 años cuando ocurrió, y que su compañero Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, recibió una condena de prisión de por vida y no una sentencia de muerte. La tercera persona involucrada recibió una consecuencia penal diferente tras cooperar con las autoridades.

No pretendo afirmar que las circunstancias de estos casos sean idénticas. No lo son. Tampoco pretendo sugerir que la gravedad de un crimen pueda medirse únicamente por el número de víctimas.

Pero estas diferencias sí plantean una pregunta que considero mucho más importante que decidir quién merece morir:

¿Cuáles deberían ser los criterios mediante los cuales una sociedad determina el peso de un crimen y el castigo que considera justo?

Una cadena perpetua sin posibilidad de libertad no es una pena menor. Es la privación de la libertad durante el resto de la vida. Puede representar una respuesta severa, definitiva y proporcional incluso ante crímenes que difícilmente podemos perdonar.

La pena de muerte, sin embargo, introduce otra dimensión: convierte al propio Estado en ejecutor de la muerte.

Y es precisamente ahí donde mi cuestionamiento adquiere otra profundidad.

Cuando el Estado utiliza la muerte como instrumento de justicia, pretende establecer una diferencia moral entre el asesinato cometido por un individuo y la ejecución ordenada por una institución.

Pero ¿qué sucede cuando el método utilizado para ejecutar esa sentencia fracasa y termina produciendo sufrimiento?

¿Qué sucede cuando aquello que debía presentarse como un procedimiento controlado, científico y civilizado termina pareciéndose, por sus consecuencias, a una forma de tortura?

La pregunta deja de ser entonces solamente qué hizo el condenado.

La pregunta pasa a ser también qué estamos dispuestos a hacer nosotros en nombre de la justicia.

Porque una sociedad verdaderamente civilizada no debería medirse únicamente por la severidad con que castiga a quien ha cometido un crimen, sino también por los límites que se impone a sí misma cuando ejerce su poder.

Lo ocurrido con Christa Pike obliga, por lo menos, a formular esa pregunta.

Y antes de responderla, quizás sea necesario mirar otros casos en los que los métodos de ejecución tampoco produjeron aquello que el Estado había previsto.

Para comprender por qué lo ocurrido con Christa Pike resulta tan inquietante, basta observar que no estamos ante el primer caso en que el método elegido por el Estado para ejecutar una sentencia de muerte ha terminado produciendo una situación muy distinta de la que pretendía provocar.

Los siguientes casos muestran que los fallos y complicaciones durante una ejecución no constituyen un hecho aislado, sino una realidad que obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar un Estado cuando pretende administrar la muerte como instrumento de justicia.

Una pregunta que permanece

En conclusión, y haciendo la salvedad de que no soy letrado y mucho menos experto en las áreas filosóficas y jurídicas que rodean los principios de la Ley y la Justicia, lo ocurrido con Christa Pike el pasado 30 de septiembre me resulta, al menos para este servidor, altamente cuestionable y preocupante. Máxime cuando no estamos ante la primera ocasión en que un procedimiento de ejecución termina de una manera distinta a la prevista.

No estoy abogando de ninguna manera a favor de estos criminales ni justificando los actos atroces que cometieron. De ninguna manera. Creo firmemente que los actos deben tener consecuencias y que quienes han causado un daño irreparable a otros deben responder por ello.

Pero entonces surge la pregunta que permanece:

¿Cuál debe ser la proporción del Estado?

¿Debe la justicia responder a la muerte con otra muerte?

¿Debe el Estado asumir el papel de ejecutor?

¿Y qué ocurre cuando esa ejecución, además de fracasar, se convierte en un acontecimiento mediático observado por un grupo de personas mientras el condenado permanece sufriendo?

¿Es esa la expresión de justicia que una sociedad verdaderamente civilizada desea adoptar?

Personalmente, me resulta difícil encontrar una respuesta afirmativa.

Una persona condenada a vivir el resto de sus días privada de libertad, sin ninguna posibilidad de salir, tampoco recibe una pena menor. Por el contrario, puede representar una forma de castigo profundamente severa y, desde mi perspectiva, mucho más compatible con la responsabilidad que debe asumir un victimario.

La prisión perpetua significa despertar cada día dentro de un espacio del cual jamás podrá salir. Significa vivir con las consecuencias de aquello que hizo y con el recuerdo permanente del daño que provocó. Significa que el resto de su existencia quedará inscrito dentro de una reclusión de la que nunca podrá escapar.

Quizás, paradójicamente, eso resulte mucho más trágico que la propia muerte.

Como expresó la jueza Susan Eagan al sentenciar a Payton Gendron, aquel hombre jamás volvería a ver la luz del día como una persona libre.

Tal vez allí exista una diferencia fundamental entre castigar y vengarse.

La justicia, para ser verdaderamente justicia, no debería necesitar convertirse en aquello mismo que pretende condenar.

Y cuando el Estado cruza esa frontera, quizás la pregunta ya no sea únicamente qué hizo el condenado.

La pregunta pasa a ser qué estamos haciendo nosotros en nombre de la justicia.

Cuando la muerte se convierte en un procedimiento

A ello se suma una declaración del presidente Donald Trump al ser preguntado por la ejecución fallida en Tennessee.

Al referirse al hecho de que la medicación utilizada no había producido el resultado esperado, Trump preguntó cómo podía haber ocurrido aquello y luego, tras dirigirse al representante Ronny Jackson, quien estaba junto a él, respondió:

“It should be easy to do. It shouldn’t be very difficult.”

Es decir:

“Debería ser fácil hacerlo. No debería ser muy difícil.”

No pretendo interpretar sus palabras más allá de lo que literalmente expresan. Pero resulta inevitable detenerse ante ellas.

Cuando aquello de lo que estamos hablando es la muerte deliberadamente provocada de un ser humano mediante un procedimiento administrado por el Estado, ¿debería la ejecución de una persona ser considerada simplemente algo que "no debería ser muy difícil"?

Para mí, esa expresión resume de una manera particularmente incómoda el dilema que plantea la pena de muerte: cuando la muerte pasa a convertirse en un procedimiento institucional, existe el riesgo de que aquello que moralmente representa un acto irreversible termine siendo tratado como un problema meramente técnico que debe ser resuelto cuando algo sale mal.

Quizás ese sea, en última instancia, el verdadero problema que deberíamos estar discutiendo: no solamente cómo ejecuta el Estado una sentencia de muerte, sino qué ocurre con nosotros cuando hemos llegado al punto de considerar que matar a una persona debería ser algo que simplemente “no debería ser muy difícil.”

 

Un gobierno incapaz de gobernar

 

Puerto Rico atraviesa una de las crisis más preocupantes de los últimos años. La falta de agua que afecta a numerosos sectores del área metropolitana ya no puede entenderse como un problema aislado ni como una interrupción pasajera de un servicio público. Desde el 7 de agosto, el Gobierno estableció un sistema de racionamiento de agua que somete a decenas de miles de ciudadanos a ciclos de hasta 48 horas sin servicio.

Pero las cosas no surgen por generación espontánea.

La sequía, las temperaturas extremas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño han contribuido al deterioro de las reservas de agua. De manera similar debemos admitir que mientras una parte significativa del territorio puertorriqueño enfrenta condiciones de sequía, Julio de 2026 fue el mes más seco registrado en San Juan en más de 120 años. 

Pero existen otros factores: el estado de nuestra infraestructura y la capacidad del Gobierno para anticipar, planificar y responder ante una emergencia que era previsible.

Porque una cosa es que un gobierno no pueda controlar el clima. Otra muy distinta es que no esté preparado para enfrentar sus consecuencias.

En ese sentido, nos preguntamos: ¿está nuestro Gobierno realmente preparado para gobernar?

Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando una crisis ya ha alcanzado proporciones extraordinarias. Gobernar significa anticiparse, establecer planes de contingencia, coordinar agencias, trabajar con los municipios y garantizar que los servicios esenciales puedan mantenerse aún bajo circunstancias adversas.

El agua y la energía eléctrica no son servicios secundarios. Son parte de la infraestructura indispensable para que una sociedad pueda funcionar.

Sin embargo, la realidad que experimentamos parece ser otra. La ciudadanía recibe comunicados, calendarios de interrupciones, recomendaciones para almacenar agua y llamados a conservarla, mientras miles de personas se preguntan cuándo volverán a tener un servicio regular.

La sequía puede explicar parte de la emergencia. No explica por sí sola la fragilidad de un sistema que llega a ella sin suficiente capacidad de respuesta.

Y esa diferencia es sencillamente abismal.

Por otra parte, uno de los ejemplos más reveladores ha sido lo ocurrido entre el municipio de San Juan y el Gobierno central.

El alcalde Miguel Romero ha reclamado públicamente soluciones ante los problemas recurrentes de agua que afectan distintos sectores de la capital. Incluso antes de que se implantara el actual sistema de racionamiento, numerosos sectores llevaban meses enfrentando interrupciones y dificultades con el servicio.

En este contexto ocurrió un episodio particularmente revelador.

En el programa Primer Round, Leo Aldridge relató que el alcalde había acudido a La Fortaleza para reunirse con la gobernadora Jenniffer González y discutir precisamente la situación del agua. Según el relato de Aldridge, Romero abandonó la reunión después de esperar más de una hora sin ser recibido.

Más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre el municipio y el Gobierno central, el episodio plantea una pregunta elemental: ¿qué puede ser más importante que atender al alcalde de la capital cuando el asunto que lo lleva a La Fortaleza es la falta de agua que afecta a sus ciudadanos?

El problema, entonces, deja de ser solamente administrativo.

Se convierte en un problema de responsabilidad pública.

Y es precisamente la desidia del poder ejecutivo lo que provoca que el alcalde de la ciudad más importante exprese directamente que en efecto es un peligro estar gobernados por esta administración.

Asimismo, a esto se le añade la controversia que ha rodeado a varios funcionarios de la administración de Jenniffer González.

Francisco Domenech, quien ocupaba la Secretaría de la Gobernación, anunció su salida del cargo en medio de una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El PFEI autorizó ampliar una investigación relacionada con funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos para incluir a Domenech y a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, con el propósito de determinar si existe responsabilidad legal, penal o administrativa.

Domenech ha rechazado las alegaciones en su contra y ha sostenido que contienen mentiras, medias verdades y tergiversaciones. Precisamente por eso es importante distinguir entre una investigación y una determinación de culpabilidad: una investigación no establece por sí misma que una persona haya cometido un delito.

Pero la existencia de la investigación sí constituye un asunto de enorme importancia política para una administración que tiene la obligación de mantener la confianza pública.

Cabría entonces preguntarse: ¿qué ocurre con la confianza ciudadana cuando una administración enfrenta simultáneamente una crisis de servicios esenciales y cuestionamientos sobre la conducta de algunos de sus principales funcionarios?

Luis Dávila Colón ha expresado, desde una posición particularmente crítica, una visión mucho más severa sobre lo que está ocurriendo dentro del Partido Nuevo Progresista y del Gobierno.

En una de sus intervenciones públicas, Dávila Colón llegó a describir al Partido como secuestrado por intereses que, según su interpretación, han convertido el Gobierno en un espacio dominado por contratos, favoritismos y relaciones de poder.

Sus palabras son fuertes. Pero independientemente de que compartamos o no la totalidad de su diagnóstico, hay algo que merece ser examinado: la percepción de que las instituciones públicas han dejado de responder prioritariamente a las necesidades del ciudadano.

Ese es el verdadero peligro.

Porque cuando un ciudadano no tiene agua, cuando enfrenta interrupciones eléctricas, cuando una empresa depende de una cisterna para mantener sus operaciones o cuando un suplidor del Gobierno no sabe cuándo recibirá el pago por un servicio ya prestado, el problema deja de ser ideológico.

Se convierte en una cuestión de funcionamiento institucional.

Pero esto no termina aquí.

No debemos dejar pasar la implementación del nuevo sistema financiero del Gobierno de Puerto Rico, el ERP (Enterprise Resource Planning), que entró en vigor durante el verano de 2026 con el propósito de centralizar y modernizar procesos financieros, presupuestarios y administrativos.

La intención del sistema puede ser razonable. Modernizar la administración pública y centralizar procesos financieros debería contribuir a una mayor eficiencia y transparencia.

Pero cualquier transformación tecnológica de esta magnitud requiere planificación, transición, capacitación y capacidad de respuesta. Cuando un sistema que interviene directamente en procesos de cuentas por pagar comienza a generar incertidumbre entre suplidores y contratistas, el problema deja de ser tecnológico y vuelve a convertirse en uno administrativo.

El propio Departamento de Hacienda estableció que el nuevo ERP centraliza procesos financieros y administrativos de las agencias gubernamentales, incluyendo las cuentas por pagar y cobrar.

La pregunta no es si debemos modernizar el Gobierno.

Por supuesto que debemos hacerlo.

La pregunta es si estamos implementando esas transformaciones con la planificación necesaria para evitar que quienes dependen del Estado terminen pagando el precio de una transición deficiente.

Em conclusión hemos comenzado a normalizar lo que nunca debería ser normal.

Normalizamos los apagones.

Normalizamos la falta de agua.

Normalizamos las carreteras deterioradas.

Normalizamos las filas, la burocracia y la incertidumbre.

Normalizamos que el ciudadano tenga que resolver por su cuenta aquello que el Estado debería garantizar como parte de sus responsabilidades fundamentales.

Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente que un Gobierno sea incapaz de responder ante una crisis.

El problema es que la sociedad comienza a aceptar la incompetencia como una condición permanente.

Mientras miles de puertorriqueños almacenan agua, buscan cisternas, modifican sus rutinas y calculan cuánto tiempo podrán resistir sin un servicio esencial, la política continúa funcionando dentro de su propia burbuja.

No se trata de una cuestión partidista.

No se trata de defender al PNP, al PPD, al PIP o a cualquier otra organización política.

Se trata de algo mucho más elemental:

un Gobierno tiene la obligación de gobernar.

Y gobernar significa estar presente cuando la ciudadanía más lo necesita.

Porque cuando un pueblo tiene que preguntarse todos los días si tendrá agua, electricidad, servicios o respuestas, entonces el problema ya no es solamente una crisis de infraestructura.

Es una crisis de gobierno.

Y Puerto Rico no debería tener que acostumbrarse a vivir en ella.

Referencias

Colón, L. D. (2026, julio 17). Le pasaremos factura. La Mirilla.

Díaz, L., & Aldridge, L. (2026, agosto 7). Los Leo | Racionamiento | PPD vs. PIP | Demanda a LUMA | Hoy en Primer Round. Magic TV.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico. (2026). Carta Circular de Finanzas Públicas Núm. 1300-01-27.

National Integrated Drought Information System. (2026, julio 23). Actualización del estado de la sequía en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Carmen Yulín Cruz: ante un triunfo inesperado y su transformación actual

 

Carmen Yulín Cruz tras ser electa alcaldesa de San Juan, un triunfo que en 2012 se proyectó 

como una renovación política frente al bipartidismo tradicional. Parque Luis Muñoz Rivera, 

20 de diciembre de 2012. Foto: José Carlo Burgos.

Introducción

La figura de Carmen Yulín Cruz, exalcaldesa de San Juan, ha sido una de las más intensas y polarizantes de la política puertorriqueña reciente. Este ensayo reúne tres momentos escritos entre 2013 y 2018, revisados desde una misma pregunta: ¿cómo cambia nuestra percepción de un liderazgo político con el paso del tiempo, la experiencia y la distancia crítica?

Lo que comenzó como una lectura de esperanza terminó convirtiéndose en una reflexión más compleja sobre la imagen pública, el poder y la construcción del liderazgo político en Puerto Rico.

Celebración del triunfo electoral previo a su toma de posesión en enero de 2013, 

periodo en que su figura encarnaba altas expectativas ciudadanas. San Juan, Puerto Rico, 

20 de diciembre de 2012. Foto: José Carlo Burgos.

 

1. El triunfo inesperado de 2013

 

A siete meses antes de las elecciones, el Partido Popular Democrático lanzó su candidatura a la alcaldía de San Juan en un contexto de escepticismo generalizado. Su contrincante, el entonces alcalde Jorge Santini, parecía tener ventaja política y estructural.

Sin embargo, la campaña dio un giro inesperado. Carmen Yulín Cruz logró una victoria contundente que sorprendió a amplios sectores del país.

En aquel momento, su triunfo fue interpretado como una ruptura con el orden político tradicional. Sectores diversos, incluso más allá de su partido, vieron en ella una figura distinta, capaz de conectar con un país marcado por el desencanto.

Su vínculo con el movimiento estudiantil, su presencia en momentos de protesta y su discurso crítico frente a políticas de austeridad consolidaron una imagen de liderazgo cercano y desafiante. En su toma de posesión, incluso planteó la eliminación de la cuota universitaria y el restablecimiento de la autonomía de la Universidad de Puerto Rico, lo que reforzó su perfil como figura de cambio. Por un momento, su victoria fue leída como un símbolo de esperanza política.

 

2. La relectura del liderazgo en 2018

 

Cinco años después, esa misma victoria se observa desde otra perspectiva.

El contexto político que rodeó aquellas elecciones incluía un país desgastado por medidas económicas impopulares, debates sobre el modelo de gobernanza y un clima de desconfianza institucional.

En retrospectiva, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto aquella victoria fue solo el resultado de una ola de entusiasmo, y hasta qué punto respondió también a una construcción política más compleja?

A veces, las narrativas públicas funcionan como una pantalla perfectamente elaborada que impide ver la totalidad del fenómeno político.

Tras el huracán María en 2017, Carmen Yulín Cruz alcanzó una proyección internacional significativa, especialmente por sus intervenciones críticas hacia la respuesta del gobierno federal de Estados Unidos.

Sin embargo, esa visibilidad mediática fuera de Puerto Rico no siempre se tradujo en una consolidación política interna equivalente. Su figura comenzó a generar reacciones intensas y polarizadas: admiración profunda en unos sectores, rechazo igualmente marcado en otros.

En este punto, el liderazgo deja de percibirse solo como carisma o discurso, y comienza a entenderse también como estrategia, comunicación y construcción de imagen pública.

 

 

 

Tarima de la avanzada de Cruz durante el Paro General de Trabajadores en 2017. 

Para esta fecha, su discurso se inclinaba hacia la confrontación, 

marcando el inicio de su distanciamiento del liderato de su propio partido. 

San Juan, 1 de mayo de 2017. Foto: José Carlo Burgos

3. Una experiencia personal y una mirada crítica (2017–2018)

El 1 de mayo de 2017, durante el paro general en Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal, estuve presente en la avenida Ponce de León en Hato Rey. En medio de la cobertura del evento, intenté acceder a una tarima de prensa en la que se encontraba la alcaldesa. Tras verificar mi credencial, se me preguntó por el medio de comunicación. Al tratarse de un medio digital independiente, se me impidió el acceso.

Decidí retirarme y continuar la cobertura desde otro punto. Aquella decisión, aunque aparentemente menor, me permitió obtener otras imágenes que de otro modo no habría capturado.

Sin embargo, la experiencia dejó una impresión más amplia sobre la relación entre poder, acceso y comunicación en escenarios de crisis política.

Posteriormente, intenté gestionar apoyo para una exhibición fotográfica independiente, la cual no fue aprobada. Estas experiencias, vistas en conjunto, contribuyeron a una lectura más crítica del ejercicio del poder público y su relación con los espacios culturales y mediáticos.

Desde esa perspectiva, el liderazgo político no se evalúa únicamente por sus discursos, sino también por sus prácticas cotidianas y sus formas de interacción con distintos sectores.

 

4. Imagen pública, poder y percepción

 

Tras el huracán María, la figura de Carmen Yulín Cruz se consolidó como una de alto perfil mediático internacional. Sus expresiones críticas hacia la administración federal de Estados Unidos la situaron en el centro del debate público global.

No obstante, en el contexto local, esa visibilidad no siempre se tradujo en una aceptación política homogénea. Más bien, reforzó la polarización existente.

Esto plantea una paradoja frecuente en la política contemporánea: la distancia entre la proyección internacional de una figura pública y su impacto real en la política local.

La política no ocurre en el vacío. Se construye mediante estrategias, narrativas y formas de comunicación que operan tanto en lo simbólico como en lo institucional.

 

5. Reflexión final

 

En lo personal, mi mirada sobre Carmen Yulín Cruz ha evolucionado con el tiempo. La respeto como figura pública y como mujer. Sin embargo, mi percepción de su liderazgo se ha vuelto más crítica, no desde el rechazo absoluto, sino desde la observación de las tensiones entre imagen, discurso y realidad política.

No toda figura pública puede ser reducida a una sola interpretación. Pero sí es posible reconocer que el poder siempre se construye entre la percepción y la experiencia.

 

Epílogo (2026)

 

Años después de aquellos textos, la exalcaldesa ha continuado participando en el debate público puertorriqueño mediante intervenciones en medios de análisis político, incluso tras su salida del Partido Popular Democrático.

Aunque su influencia política ya no ocupa el mismo lugar central que en años anteriores, su figura sigue generando discusión y lectura crítica.

Más allá de su trayectoria futura, lo que permanece es la reflexión que su paso por la alcaldía dejó abierta: la distancia entre la imagen pública del liderazgo político y la complejidad real del ejercicio del poder en Puerto Rico.