La erosión sistémica de la libertad nos deja a merced del poder ¿Cuándo el poder decide qué voces permanecen?

 

Este escrito examina las expresiones del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en el marco de una erosión sistémica que pretende castigar y condicionar el discurso disidente por razón de su contenido. 

En ese contexto, se analizan dos decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos: Tinker v. Des Moines y Hustler Magazine, Inc. v. Falwell, con el propósito de reafirmar que el discurso protegido por la Primera Enmienda incluye expresiones incómodas, ofensivas y satíricas, particularmente cuando estas se dirigen a figuras públicas o personalidades influyentes dentro del ecosistema nacional de información y noticias. 

Este referente jurídico se enfrenta hoy a un entorno político y mediático que trasciende una administración específica para convertirse, peligrosamente, en una norma ideológica orientada a legitimar el control o monopolio de la información desde el poder del Estado.

El 24 de febrero de 1969, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de unos estudiantes en el histórico caso Tinker v. Des Moines, dictaminando que la libertad de expresión se defiende incluso dentro de las aulas. Casi dos décadas después, en 1988, el mismo tribunal blindó el derecho a la sátira y al insulto político en el caso Hustler Magazine contra Falwell. Ambas decisiones históricas trazaron una línea clara: en una democracia, el disenso y la provocación son derechos inalienables frente al control estatal.

Sin embargo, el panorama actual es alarmante. 

Más allá de las fronteras de una administración norteamericana de turno, la idea misma de conmocionar, silenciar y cancelar las expresiones libres formula un estado de peligrosidad presente y futuro. Hoy, la erosión sistémica de esta libertad nos está dejando, peligrosamente, a merced del poder.

El peligro ya no es una hipótesis de escuela de derecho. Si pensamos por un momento en el rol del Ejecutivo actual, observamos cómo quien dirige las pautas de la comunicación pública se ha dedicado a asfixiar la independencia mediática mientras se fortalecen monopolios de información afines a su entorno ideológico. 

¿En dónde estamos parados cuando el árbitro del juego celebra abiertamente la caída de las voces disidentes?

La respuesta es tan explícita que asusta. Según reportó la cadena internacional Democracy Now!, el propio presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, celebró recientemente la cancelación del programa satírico de Stephen Colbert como parte de una campaña sistemática liderada por Donald Trump contra los medios tradicionales.

Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Carr sentenció con un tono de victoria: "El presidente Trump se enfrentó a los medios de comunicación que difunden noticias falsas y está ganando. Miren los resultados hasta ahora: PBS sin financiación, NPR sin financiación, Joy Reid fuera de MSNBC, el soñoliento Chuck Todd fuera, Jim Acosta fuera, John Dickerson fuera, Colbert se va, CBS tiene nuevos dueños y pronto CNN también tendrá nuevos miembros".

La declaración es una radiografía del colapso democrático. Cuando el organismo encargado de garantizar la neutralidad de las frecuencias celebra el desmantelamiento de la prensa pública y el descabezamiento de las mesas de opinión, la libertad de prensa deja de ser un derecho para convertirse en una concesión condicionada a la obediencia.

En resumen, aparte de que la administración Trump no tolera la verdad ni la libertad de expresión el legado de esta administración ha estado basado dentro de una visión distorsionada del poder en el que la burla y el menosprecio son armas para desmantelar el discurso crítico. Y cuando una sociedad normaliza estas conductas, la democracia se destruye a pasos agigantados.

Es imposible ignorar que, entre los defensores de esta presidencia, han figurado individuos como Alex Jones (InfoWars), Steve Bannon (Breitbart News) y Ann Coulter, todos promotores de una agenda extremista que menosprecia las minorías. Manipula la opinión pública y fractura la nación dentro de un conflicto ideológico sin precedentes.

Bajo el amparo de una religiosidad hipócrita, esta administración ha intensificado su ataque contra la diversidad y la comunidad hispana. Ha fomentado una retórica divisiva que ha llevado a más del 30% de la población a creer que el periodismo es el enemigo, cuando en realidad es uno de los últimos bastiones contra la injusticia y la corrupción.

En ese sentido, el fin justifica los medios en esta presidencia, y la prueba está en su estructura de poder: una maquinaria calculada que explotó cada grieta del sistema para instalar un modelo que socava la democracia. El resultado es un país más dividido que nunca, donde la verdad es una víctima más del juego político.

Un juego que podría exceder esta administración y transformarse en punta de lanza para que otra administración pueda utilizar estos mismos preceptos para perpetuar un sistema cuyo monopolio en torno a la libertad de expresión y la comunicación pública pueda mancillar nuestra vida de aquí en adelante.

Cultura de cancelación: erosión de la integridad personal e individual

La cultura de cancelación no silencia únicamente voces; también pone a prueba la tolerancia, el debate y los límites mismos de la libertad de expresión en la era digital.

Sin duda, el presente periodo histórico ha estado matizado por múltiples intentos de cancelar, silenciar o desacreditar a quienes disienten de determinadas posturas políticas, ideológicas o culturales. Incluso desde la propia presidencia norteamericana se han impulsado dinámicas de confrontación dirigidas hacia periodistas, comediantes y figuras públicas críticas de la administración. Tan reciente como el pasado 28 de abril, el presentador Jimmy Kimmel tuvo que defender públicamente el derecho a la libertad de expresión luego de que comentarios realizados en su programa provocaran presiones hacia ABC para solicitar su despido.

Contrario a la búsqueda consensual de ideas y al intercambio abierto de perspectivas, la cultura de cancelación se configura, como expresa Jonathan Rauch, dentro de un espacio que opera como un campo de batalla simbólico, en el cual se intenta “organizar, desmoralizar y manipular” mediante campañas de presión pública, desinformación o exclusión social. La cancelación no solamente pretende castigar una idea; frecuentemente procura desacreditar a la persona, erosionar su reputación y excluirla de los espacios de interacción profesional, académica o mediática.

Sus defensores argumentan que determinadas formas de denuncia pública pueden constituir mecanismos legítimos de responsabilidad social frente a expresiones discriminatorias o abusivas. Sin embargo, el problema emerge cuando tales dinámicas dejan de promover la deliberación y pasan a operar mediante intimidación, coerción social o campañas de hostigamiento dirigidas a destruir la credibilidad individual.

Si miramos retrospectivamente, podríamos identificar múltiples ejemplos de cancelación pública. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1989, cuando el líder supremo iraní Ruhollah Khomeini promovió una campaña contra el escritor Salman Rushdie tras la publicación de Los Versos Satánicos. Khomeini declaró públicamente que la obra atentaba contra el Islam e instó al asesinato del autor y de cualquier persona vinculada a la publicación del libro. Con recompensas millonarias y múltiples ataques violentos relacionados con la novela, el caso representó una de las formas más extremas y literales de cancelación: la eliminación física y simbólica del adversario.

En Puerto Rico, un fenómeno distinto, aunque igualmente relacionado con la presión colectiva y mediática, ocurrió en 2013 con la salida del aire de SúperXclusivo por WAPA TV. Luego de expresiones realizadas por el personaje de La Comay sobre el asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, se desarrolló una intensa campaña de rechazo público en redes sociales, incluyendo el movimiento “Todos Somos Enrique”. El retiro masivo de auspiciadores y la presión digital terminaron provocando la salida del programa luego de catorce años de transmisión. Más allá de la controversia particular, el caso evidenció cómo las plataformas digitales pueden convertirse en mecanismos de movilización colectiva capaces de afectar reputaciones, contenidos y estructuras mediáticas completas.

Otro ejemplo significativo ocurrió en el ámbito académico con Rebecca Tuvel. En 2017, la académica publicó un artículo en la revista feminista Hypatia defendiendo la discusión filosófica sobre la transracialidad. Aunque el texto había sido revisado y aprobado académicamente, provocó una intensa reacción pública en redes sociales y dentro de sectores universitarios. Cientos de académicos firmaron cartas exigiendo la retractación del artículo y una disculpa pública de la autora. En redes sociales, Tuvel fue objeto de ataques personales, insultos y cuestionamientos dirigidos incluso a exigir su despido. El caso reflejó cómo determinadas dinámicas digitales pueden desplazar el debate racional para sustituirlo por mecanismos de presión moral y exclusión pública.

Estos casos evidencian cómo la cultura de cancelación ha logrado insertarse dentro de la mediación social contemporánea. Según Rauch, algunos de sus efectos más visibles incluyen:

1. Castigar a la persona en lugar de debatir la idea.

2. Reducir la diversidad de expresión.

3. Incentivar la demagogia y el extremismo moral.

4. Destruir reputaciones y credibilidad pública.

5. Promover dinámicas de intimidación y acoso colectivo.

De manera similar, John McWhorter sostiene en su libro Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America que en numerosos espacios universitarios y sociales prevalece una forma de censura autoimpuesta basada en el temor al rechazo público. Diversas encuestas realizadas durante los últimos años reflejan que una parte considerable del estudiantado universitario evita expresar opiniones controvertibles por miedo a represalias sociales o académicas. Cuando estos temores se trasladan al ecosistema digital, el riesgo de exclusión pública se amplifica exponencialmente.

En este contexto, las redes sociales y plataformas digitales adquieren un rol central. La teórica José van Dijck sostiene que las plataformas contemporáneas no son espacios neutrales, sino estructuras programadas que organizan y condicionan las interacciones humanas. Entre sus características principales destacan:

Programación: capacidad de las plataformas para dirigir contenido mediante algoritmos y estructuras codificadas.

Popularidad: utilización de métricas y tendencias que amplifican determinados contenidos y narrativas.

Conectividad: integración acelerada de comunidades y alianzas digitales alrededor de intereses o causas comunes.

Dataficación: recopilación y análisis constante de información conductual para influir sobre dinámicas sociales, políticas y culturales.

Estas características permiten que campañas de presión, boicot o desprestigio adquieran una velocidad e impacto sin precedentes. La cultura de cancelación no opera únicamente desde individuos aislados; se desarrolla también dentro de arquitecturas digitales diseñadas para maximizar interacción, viralidad y reacción emocional.

De igual manera, doctrinas como “words that wound” (“las palabras hieren”), desarrolladas progresivamente en ambientes académicos y jurídicos estadounidenses desde finales del siglo XX, contribuyeron a consolidar una sensibilidad institucional orientada a restringir expresiones consideradas ofensivas o perjudiciales. Aunque originalmente dichas iniciativas buscaban proteger a sectores vulnerables frente al hostigamiento o la discriminación, también abrieron debates complejos sobre los límites entre protección, censura y libertad de expresión.

En definitiva, la cultura de cancelación refleja una transformación profunda en las formas contemporáneas de interacción social. Las redes digitales han ampliado extraordinariamente la capacidad de participación pública, pero también han facilitado mecanismos de vigilancia moral, hostigamiento colectivo y destrucción reputacional. Cuando la discusión racional es sustituida por campañas de intimidación o exclusión, la deliberación democrática se debilita y la libertad intelectual comienza a erosionarse.

No obstante, algunos de estos intentos de cancelación también han encontrado resistencia. Rebecca Tuvel nunca fue despedida ni sancionada por su universidad, y la revista Hypatia jamás retractó su artículo. Posteriormente, diversos académicos defendieron públicamente su derecho a la libertad académica y a la discusión intelectual abierta. La propia Tuvel expresó posteriormente que aquella experiencia fortaleció aún más su defensa de la libertad de expresión y del intercambio crítico de ideas.

En una época profundamente marcada por las mediaciones digitales, preservar espacios de discusión abierta, tolerancia intelectual y disenso legítimo constituye uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas.

Referencias:
 
Dick, J. v. (2016). *La Cultura de la Conectividad: Una historia de las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI.

García Canclini, N. (2004). *¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?* Diálogos en la acción, primera etapa, 153-165.

Gillespie, N. (2021). *Self Cancelation, Deplatforming and Censorship*. Reason, 2-12.

Jiménez, D. G. (2010). *Los impactos de la ideología técnica y la cultura algorítmica en la sociedad: una aproximación crítica*.
 
McWhorter, J. (2021). *Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America*. New York: Penguin Random House LLC.

Rauch, J. (2021). *The Constitution of Knowledge: A Defense of the Truth*. Washington: Brookings Institution Press.

Vega, T. (2012, December 16). *Commenting on a Death Gets Puppet in Trouble*. The New York Times.

Gigantismo gubernamental: construcción de un discurso y sus consecuencias en Puerto Rico

 

Representación visual del discurso de “gigantismo gubernamental” como mecanismo de legitimación política durante el proceso de reducción del Estado en Puerto Rico.

Hablar de “gigantismo gubernamental” en Puerto Rico no es simplemente referirse al tamaño del Gobierno. Es, más bien, entrar en un terreno donde el lenguaje conceptual de su descripción nos dejó una secuela de consecuencias que las vivimos al día de hoy.

Por lo que este escrito intenta colocar una premisa fundamental: el gigantismo gubernamental no solo fue un diagnóstico, sino una construcción discursiva que, con el tiempo, legitimó decisiones de política pública que incidieron directa y gradualmente sobre el aparato gubernamental y la vida de miles de servidores públicos.

 

El problema no fue el término, sino su función

El uso del concepto de gigantismo gubernamental se remonta, al menos formalmente, a la década de 1990, en medio de discusiones sobre la crisis fiscal y administrativa del país. Desde entonces, comenzó a configurarse como una explicación recurrente para justificar el deterioro del Estado.

Sin embargo, asumirlo como causa principal implicaba simplificar un fenómeno mucho más complejo.

Distintos autores ya advertían que el crecimiento del aparato público no respondía necesariamente a una “patología” administrativa, sino a condiciones estructurales: la insuficiencia del sector privado, la necesidad de provisión de servicios y decisiones políticas acumuladas por décadas.

§  Aun así, el término persistió.

§  Y más importante aún: se consolidó.

De la discusión al andamiaje ideológico

A medida que avanzaba la década del 2000, el gigantismo gubernamental dejó de ser un concepto en debate para convertirse en un elemento central del discurso político.

Su incorporación en exposiciones de motivos de leyes, declaraciones oficiales y narrativas mediáticas no fue incidental. Respondía a la configuración de un marco ideológico que comenzaba a privilegiar la reducción del Estado como solución a la crisis fiscal.

En ese proceso, el lenguaje jugó un rol determinante.

Nombrar el problema como “gigantismo” no es neutral. Supone exceso, desproporción, incluso enfermedad. Es, en esencia, un eufemismo cargado de intención que orienta la interpretación pública hacia una única dirección: el gobierno es demasiado grande y, por tanto, debe reducirse.

La Ley 7: materialización del discurso

El punto culminante de este proceso se concreta en 2009 con la aprobación de la Ley 7, bajo la administración de Luis Fortuño.

En ella, el gigantismo gubernamental no solo aparece como argumento: se institucionaliza como fundamento de acción.

La reducción masiva de la nómina pública —que superó los 20,000 empleados— no puede entenderse únicamente como una medida económica. Debe leerse también como la ejecución de un discurso previamente legitimado en la esfera pública.

En otras palabras, la política pública ya había sido narrada antes de ser implementada.

Consecuencias: más allá del recorte

Uno de los efectos más significativos de estas medidas fue la alteración estructural de los sistemas de retiro.

La reducción en la cantidad de empleados activos, combinada con el aumento en pensionados, generó una desproporción que aceleró la insolvencia de estos sistemas. A esto se suma la disminución en aportaciones, lo que agravó aún más su fragilidad financiera.

Pero limitar el análisis a cifras sería insuficiente.

Lo ocurrido también implicó un proceso de desarticulación del aparato público tal como se conocía, con efectos acumulativos en la prestación de servicios, la estabilidad institucional y la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La disputa que nunca se resolvió

Es importante señalar que el concepto de gigantismo gubernamental nunca estuvo exento de controversia.

Mientras algunos sectores lo asumían como una realidad evidente, otros lo cuestionaban abiertamente, señalando que:

el tamaño del gobierno no era desproporcionado en comparación con otras jurisdicciones

el problema radicaba en la debilidad del sector privado

o, en su defecto, en fallas de administración y distribución de recursos

Sin embargo, en términos discursivos, esas posturas no lograron desplazar la narrativa dominante.

Y en política, la narrativa que prevalece suele ser la que se ejecuta.

Un discurso que trasciende su momento

A más de una década de la implementación de la Ley 7, el gigantismo gubernamental continúa operando como referencia dentro del debate público en Puerto Rico.

Su persistencia no es casual.

Responde a que, más allá de su veracidad empírica, logró posicionarse como una categoría válida para interpretar la realidad fiscal del país y, por ende, como una herramienta disponible para futuras decisiones de política pública.

Consideración final

Este análisis no pretende negar los problemas reales del Estado puertorriqueño. Lo que propone es una lectura distinta: entender cómo ciertas ideas se construyen, se posicionan y eventualmente se convierten en mecanismos de acción.

El gigantismo gubernamental, en ese sentido, no fue simplemente un concepto.

Fue un dispositivo discursivo que permitió articular una visión específica del gobierno y, a partir de ella, justificar su transformación.

 

Y ahí radica su verdadero alcance.

Valentía en la Voz: Lenguaje y testimonio visual de una expresión individual. Fotografía, cuerpo y memoria en tiempos de crisis

 

Sanación captura un instante de abrazo en medio de la protesta: un gesto íntimo que resiste la dureza del entorno colectivo. Entre consignas y reclamos, el cuerpo se convierte en refugio y la solidaridad en acto de reparación. La imagen revela cómo, incluso en medio de la indignación, emerge la ternura como forma de resistencia y posibilidad de reconstrucción.

En una época donde la tecnología fotográfica avanza a una velocidad vertiginosa, la conversación suele centrarse en cifras: más megapíxeles, más resolución, más nitidez. Sin embargo, esta obsesión por lo cuantificable muchas veces oculta lo esencial. La fotografía, en su núcleo más profundo, no depende de la cantidad de información que captura un sensor, sino de la capacidad del fotógrafo para ver, interpretar y traducir la experiencia humana en imagen.

Trabajé este ensayo con equipos que, en el lenguaje del mercado actual, podrían considerarse limitados: cámaras de 7.5 y 12 megapíxeles. Sin embargo, en la práctica, estas herramientas demostraron ser más que suficientes para construir imágenes con profundidad, carácter y sentido. Esto confirma algo que muchos fotógrafos intuyen con el tiempo: la imagen no la hace la cámara, la hace la mirada.

Valentía en la Voz, exhibida en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, recogió un momento específico: el 1 de mayo de 2018, Día Internacional del Trabajador, en medio de un paro nacional que evidenciaba tensiones profundas en la sociedad puertorriqueña. En ese contexto, un grupo de estudiantes de drama de la Facultad de Humanidades realizó un performance que, más allá de lo artístico, se convirtió en un acto de expresión política y humana.

Las imágenes no buscaron documentar el evento de manera literal. No hubo énfasis en pancartas o consignas visibles. El enfoque se situó en los cuerpos y en los rostros: en la tensión de una mirada, en la inclinación de un torso, en la apertura de un gesto. Fue ahí donde emergió la verdadera narrativa.

En algunas imágenes, los cuerpos aparecían contenidos, alineados, mirando hacia un punto fuera del encuadre. La historia no se mostraba directamente, pero se insinuaba. Había una sensación de espera, de conciencia colectiva, de algo que estaba por suceder o que estaba siendo observado con intensidad.

En otras, la energía se transformaba. El cuerpo se expandía, el gesto se volvía afirmación. La voz dejaba de ser silencio contenido para convertirse en presencia. No era solo sonido: era cuerpo, era acción, era acto político.

Este tránsito entre contención y liberación configuró una narrativa visual que reflejó no solo un performance, sino un momento histórico. Aquel primero de mayo de 2018 formó parte de una serie de eventos marcados por tensiones políticas, decisiones institucionales controvertibles y un creciente descontento social que, con el tiempo, desembocaría en cambios significativos dentro del panorama político del país.

Sin embargo, la historia de esta exhibición no se limitó a las imágenes.

Originalmente programada para inaugurarse el 18 de agosto de 2025 en la Biblioteca José M. Lázaro, la apertura tuvo que ser cancelada apenas dos días antes debido al colapso del sistema eléctrico del Recinto de Río Piedras. La falta de energía provocó la interrupción del aire acondicionado en la biblioteca, imposibilitando la realización del evento.

No fue hasta el 6 de marzo de 2026 que la exhibición pudo finalmente abrir al público.

Ese desplazamiento en el tiempo no fue un simple retraso logístico. Fue también una manifestación concreta de las condiciones estructurales que afectan a la institución. En ese sentido, la experiencia de la exhibición terminó dialogando, de forma inesperada, con los mismos temas que abordaban las imágenes: fragilidad institucional, tensión social y la necesidad de sostener la voz en medio de la adversidad.

A pesar de las circunstancias, más de 80 personas lograron ver la muestra. Sin embargo, la interrupción inicial alteró de manera significativa el impulso original del proyecto.

Sería fácil atribuir estas problemáticas exclusivamente a la falta de fondos o al desinterés del aparato estatal. No obstante, esa explicación resulta incompleta. Existen también dinámicas internas —procesos burocráticos obsoletos, estructuras administrativas desconectadas de la realidad contemporánea y una cultura institucional que, en ocasiones, parece operar desde la inercia— que contribuyen a este estado de cosas.

La experiencia universitaria misma lo evidencia: sistemas de matrícula anclados en lógicas tecnológicas superadas, procesos poco ágiles y una desconexión entre la estructura administrativa y las necesidades actuales de la comunidad académica.

Incluso en el contexto de la exhibición, la ausencia de figuras administrativas en la apertura —justificada por límites estrictos de horario laboral— reveló una distancia preocupante entre la gestión institucional y el compromiso cultural que se espera de ella.

En este sentido, resuenan las palabras de Luis Palés Matos en su prosa poética Pueblo, donde describe una estructura que sobrevive “a fuerza de ser cómodo y de estar a sus anchas”. La cita no funciona aquí como acusación aislada, sino como una reflexión vigente sobre ciertas inercias que persisten.

Y, sin embargo, a pesar de todo, la voz se sostuvo.

Valentía en la Voz terminó siendo no solo un ensayo fotográfico, sino también un testimonio de persistencia: de los cuerpos que se expresaron en 2018, y de la voluntad de sostener esa expresión en el tiempo, incluso cuando las condiciones materiales no fueron favorables.

La fotografía, en este contexto, dejó de ser un simple registro visual para convertirse en un espacio de encuentro entre arte, historia y experiencia vivida. Porque, más allá de cualquier limitación técnica o institucional, la imagen sigue siendo una forma de afirmar la existencia, la memoria y la voz.

Y esa voz, cuando es valiente, encuentra la manera de permanecer.

Voces sobre la muestra

Norma L. Pérez - Jusin expresó:
“Excelente crítica del coraje y la valentía del conglomerado estudiantil ante la injusticia educativa”.

Por su parte, Alonso Rodríguez comentó:
“Sanación y Comienzo están increíbles”.

Puerto Rico: una posesión norteamericana

U.S. Supreme Court, 1932

Front row: Justices Brandeis and Van Devanter, Chief Justice Hughes, and Justices McReynolds and Sutherland.
Back row: Justices Roberts, Butler, Stone, and Cardozo.

Courtesy of U.S. Supreme Court

Para aquellos que aún insisten en que Puerto Rico no es una colonia y mucho menos un territorio, quiero compartir un extracto de la decisión judicial del caso Domenech v. National City Bank, 294 U.S. 199 (1935):

"Puerto Rico, una posesión insular, al igual que un territorio, es una agencia del Gobierno Federal, carente de una soberanía independiente comparable con la de un estado, en virtud de la cual pueda imponer contribuciones. La autoridad para imponer contribuciones debe derivarse de los Estados Unidos. Sin embargo, al igual que un estado, aunque por razones diferentes, esa agencia no puede imponer contribuciones a una instrumentalidad federal. Un estado, aunque soberano, está impedido de hacerlo porque la Constitución requiere que no haya intervención de un estado en los poderes conferidos por el Gobierno Federal. Un territorio o posesión no puede hacerlo porque una dependencia no puede imponerle una contribución a un soberano. Es cierto que el Congreso puede consentir a la imposición de una contribución, pero la concesión de un poder general para imponer contribuciones no debe interpretarse como consentimiento. El privilegio solo puede ser conferido por una ley del Congreso que lo haga de manera clara y expresa".

La doctrina establecida en el caso Domenech, ratificada por el Supremo Tribunal Nacional, sigue vigente y no ha sido modificada hasta la fecha.

Desde entonces, Puerto Rico ha permanecido bajo esta estructura colonial, lo que ha llevado a una notable falta de facultades frente a un entorno político local incapaz de transformar nuestra situación ante el poder extranjero de los Estados Unidos.

Esta carencia de facultades se ha materializado en un estado de derecho que ha trastocado nuestros valores y nuestra voluntad, exponiéndonos a una subestimación colonial que, con el paso del tiempo, nos ha marginado e incluso despojado de nuestra historia. Este proceso de transculturación, que se extiende por más de un siglo, ha tenido un impacto profundo en la identidad puertorriqueña.

Es precisamente este proceso el que nos ha sumido en un curso imperial, cuyo dominio ha socavado nuestros preceptos y convicciones frente a un sistema de gobierno extranjero y racista. Hoy en día, esta narrativa se ha fortalecido, mostrando un poder omnipresente dentro de la esfera occidental.

Un ejemplo claro de esta situación lo encontramos en un mensaje presidencial, el cual ha servido como punta de lanza para la creación de una nueva nación cuyos valores sociales parecen haber humillado a Puerto Rico, sosteniendo un marco de desdén y estigma racial, representativo del estado actual de Estados Unidos. Esta ideología ha trascendido los límites de nuestro territorio.

Existen muchos ejemplos de esta realidad. Uno de ellos fue la respuesta que recibí a un artículo que escribí sobre inmigración. La respuesta fue la siguiente: Enlace al artículo. Los comentarios recibidos fueron los siguientes:

• "GO HOME MEXICANS AND MUSLIMS!"

• "Well, if illegal aliens had not attacked so many citizens, killing, raping, shooting police, then we could discuss that. Since they did that, the best thing is to remove them all from America and let them come in one by one fully vetted and only taking in the best of the best."

Asimismo, el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como "literalmente una isla flotante de basura en medio del océano", durante un evento político de Donald Trump en el Madison Square Garden, en Nueva York, previo a las elecciones de 2024.

De manera irónica, en un evento celebrado en Nueva York, donde el 17% de la población puertorriqueña (aproximadamente 1 millón de personas) reside, el comediante dejó claro que, para él, Puerto Rico no es más que un desperdicio.

Aunque este incidente generó una ola de críticas desde el ámbito republicano, es evidente que, para esta administración, los epítetos y el desprecio hacia Puerto Rico se han convertido en parte del discurso que cuestiona nuestro origen, nuestra raza, y nuestra capacidad intelectual.

En este sentido, a pesar de que no estamos solos en esta disfunción política extranjera, como afirma el decreto judicial que citamos al inicio — que nos considera un ente soberano dentro de un ámbito territorial — la perpetuación de este régimen imperial representa una ruptura y destrucción de un sistema que ya no defiende la libertad ni el estado democrático como principios fundamentales de ley, orden y convivencia social.