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3/21/2018

Código de Incentivos que Laceran el Servicio Público

Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló
La verdad siempre está plagada de mentiras cuando se trata de políticos...

El 14 de febrero de 2018, en un artículo de Laura Quintero para el Vocero, el Gobernador de Puerto Rico le presentó a la Junta de Control Fiscal un plan enmendado en el cual decidió no acatar la determinación de dicho ente federal con respecto a la reducción de pensiones, bono de navidad o protecciones laborales adicionales a los trabajadores.

En entrevista con el Vocero, el Gobernador de Puerto Rico recalcó que no estaba contemplando reducciones a las pensiones y mucho menos la eliminación del bono de navidad, la indemnización por despido injustificado o la reducción de licencias por vacaciones regulares o enfermedad. Esto fue el 14 de febrero pasado.

Un mes y siete días después, rodeado por los presidentes de ambos cuerpos legislativos; Cámara y Senado, Ricardo Rosselló anunció la radicación de un supuesto Código de Incentivos y Leyes Laborales que precisamente eliminan tales derechos y dicho por él regiría lo que denominó la "Iniciativa para Reformar la Fuerza Laboral".

Para ello elimina el bono de navidad, la Ley 80 (Ley de indemnización por despido sin justa causa) sin traer al ruedo público la reducción propuesta por la Junta de Control Fiscal sobre las pensiones de jubilados y trabajadores que pertenecen a los Sistemas de Retiro de Gobierno de Puerto Rico.

Esta comunicación se le hace pública al pueblo de Puerto Rico en medio del nombramiento del nuevo Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins III con un salario de $450 mil anuales. Sin hablar de la Secretaria de Educación, Julia Keleher con uno de $250 mil, Héctor Pesquera con $248 mil  y Brad Dean; nuevo Director la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO - por sus siglas en inglés) con apenas $250 mil.

Demás está decir que toda esta propuesta por parte del ejecutivo está cifrada sobre la base de una reducción en el gobierno sin tener en cuenta—y dicho por un sin número de expertos en el tema—que la base de la empresa privada es muy pequeña.

Desde hace mucho esta amenaza sobre la eliminación de beneficios ha estado sobre el tapete sin tomar en cuenta que la misma empresa privada de quien se nutre sustancialmente es precisamente del gobierno y sus trabajadores. Con la Reforma educativa se destruye todo una tradición educativa para colocarla bajo ese consorcio ajeno a nuestra tradición de pueblo, sin garantías de fiscalización y destruyendo todo una serie de beneficios laborales del magisterio que se han dado a través de las luchas sindicales en las calles y los tribunales.

Con este nuevo intento se la hace una injusticia al mundo laboral que presupone el servicio público mientras se le remunera a secretarios y secretarias de gabinete con salarios astronómicos ante una economía virtualmente afectada y erosionada por la politiquería.

Se destruyen además las garantías protectoras de los trabajadores mientras se le han dado contratos nebulosos como los de White Fish en medio de emergencias como las que ocurrieron a raíz de los huracanes. Se coloca también al servidor público bajo un esquema de falta de protección cuya incertidumbre laboral y ausencia de permanencia y estabilidad ocasionará una verdadera crisis que no hemos vivido todavía.

Ante la ausencia de oposición o resistencia, el poder gubernamental habrá de implementar unas medidas que habrán de socavar lo que le queda al País que le es propio. Por ello, definitivamente el pueblo debe oponerse y hacer valer su voz en los medios necesarios y defender sus derechos que a través de su historia laboral le han costado tanto.

El daño que esto le va hacer a miles de servidores, pensionados y empleados tanto del sector público y privado se habrá de medir bajo situaciones familiares realmente críticas que a la larga aumentarán la inmigración, la delincuencia y todas esas ramificaciones que se dan cuando se trabaja sin mediar consecuencias.

El pueblo de Puerto Rico tiene todo el derecho de sentirse engañado y mucho más; indignado por un sistema de gobierno que intenta con suma seriedad trastocar sus vidas y lacerar su futuro mediante falsas promesas y verdades que en esencia no son correctas.


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