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Foto: José C Burgos - fotoperiodista / Cierre de campaña |
De aquí en adelante, el presupuesto que habrá de regir es el de un gobierno extranjero que no ha sido electo.
Con su decisión se materializa para aquellos que lo han negado siempre, el estado de derecho actual: Territorio no incorporado.
El mismo que a través de décadas ha sido disfrazado por el discurso fraudulento y falso sobre una postura anquilosada, obsoleta y colonial.
Todavía ayer el Partido Popular Democrático intentaba debatir la decisión, expresándose sobre la autonomía y auto gobernabilidad bajo el Estado Libre Asociado.
¿Cuál autonomía?
¿Hasta cuando van a sostener un ideario que finalmente murió con esa decisión judicial?
Podemos hacer un ejercicio o recuento histórico y debatir pero aquellos que hasta hoy tenían dudas, deben aceptar que estamos bajo una cláusula territorial en donde nuestros poderes emanan del Congreso de Estados Unidos.
¿Cuándo lo van a entender?
Todavía el pasado 25 de julio de 2018 en un mensaje por Internet, el ex gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón hablaba sobre las bondades y el futuro desarrollo del ELA (Estado Libre Asociado).
Todavía recuerdo campañas publicitarias que hablaban sobre un “pacto bilateral” entre dos naciones: ¿cuál pacto?
Los pactos se realizan cuando las naciones son soberanas, no dependientes y no cuando su constitución fue aprobada por una Nación extranjera.
“Nuevo Pacto”, “Pacto Bilateral”, ELA Mejorado”, “ELA como está o desarrollado; ¿cuántos hay?
Esa negación fanática se basa en un tipo de soberanía que no existe.
Desgraciadamente ese mismo partido no ha hecho nada, ni tan siquiera un intento serio para obligar o comenzar un proceso de descolonización para Puerto Rico.
Por lo cual, esta decisión federal, no es una derrota para el movimiento estadista, soberanista o independentista: es una derrota para el Partido Popular, cuya ideología de centro está en capilla ardiente a partir de dicha determinación.
La Junta de Control Fiscal viene a cobrar. En ese sentido estamos en récord. Nada más.
No hay otros elementos colaterales que impidan ese curso de acción. Máxime ahora.
Podrán apelar y llegar a los más altos foros judiciales. La decisión de la Jueza va a prevalecer.
¿Qué hacer?
En inglés se dice “make a stand” que significa resistir. No doblegarse.
Pero esa resistencia tiene que ser responsable y contundente. No puede esperar.
Nuestra respuesta como pueblo debe ser mayor a la de Vieques.
No puede haber impunidad ante el despilfarro de décadas y la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo.
Un proceso verdadero de descolonización. No puede haber falsas expectativas de propuestas ideológicas hacia un centro que ha sido descartado reiteradamente por los norteamericanos.
No somos estado, mucho menos libre y tampoco asociado. Esa es la verdad.
En ese sentido, la estadidad es una. Es estrictamente la anexión. De la misma forma la independencia, que es la separación. Sin adornos o adjetivos; todos sabemos lo que cada una implica.
Por lo cual, de aquí en adelante, procesos de votación sobre nuestro futuro constitucional debe basarse en la integración o la soberanía.
Añadir, o buscar excusas para mantener un centro indefinido cuya ideología se sigue poniendo en entredicho es mantener circunstancias como las que habremos de vivir como consecuencia de esta Junta de Supervisión Fiscal.
La determinación de esta jueza debería ser el detonante que nos hace falta para decirle al mundo que la Nación supuestamente más poderosa y sobre la cual pesan cuestionamientos democráticos ante un fraude y corrupción electoral, es la misma que mantiene un territorio todavía hoy, usurpando el valor del voto e imponiendo una condición política que en Puerto Rico todos rechazamos.
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