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| Milla de Oro - Hato Rey - Puerto Rico |
OPINIÓN — Por un lado, el sector privado busca sus aliados y coloca todas fichas y sus estrategias para abrir los comercios y las empresas paulatinamente.
En las redes sociales han creado grupos de asesores financieros en donde la expresión constante es que si no comenzamos abrir, la economía va a colapsar.
Expresiones que incluyen a medianos y pequeños comerciantes, quiénes están convencidos que este es el momento de reabrir sus puertas y comenzar el inicio de un repunte socioeconómico.
El gobierno, que no se queda atrás, utiliza esto como punta de lanza, toda vez que se les va la vida en términos políticos, parece aliarse indirectamente con dichas expresiones y comienza de cierto modo a ceder y a flexibilizar el operativo industrial y comercial en vías de una supuesta reapertura.
En momentos en donde los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud no se han cumplido, nuestro gobierno empieza a ceder sus principios en aras de unas alianzas financieras y de aportaciones políticas cuyo único fin es darle a la industria precisamente lo que quieren: que termine el toque de queda y se reabran las puertas al público.
No sé cómo funcionan estas cosas en otros Países hermanos pero en Puerto Rico les puedo decir que es irresponsable pretender que a simple vista la curva de esta enfermedad haya cedido cuando la realidad es que no tienen la noción tan siquiera del conteo para realizar las pruebas y establecer medidas estratégicas para evitar la propagación de esta enfermedad.
En momentos en donde un gobierno ineficiente mantiene un operativo de estado con un estigma de corrupción por haber intentado apropiarse de millones de dólares destinados a recursos y la compra urgente de pruebas, pretenden que confiemos ciegamente en sus decisiones para reabrir los comercios y las empresas.
Y es en ese hecho en particular que se equivocan.
Nuestro pueblo es inteligente. No es estúpido. Conoce bien a sus políticos y sabe cuáles son sus verdaderas intenciones.
Piensan que podríamos confiar plenamente en un informe reciente, suscrito por el grupo asesor técnico (“task force”) que intenta establecer los parámetros para un supuesto proceso de reapertura y regreso a la normalidad.
Distinto al sector privado, al menos este grupo propone que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo en contra de la enfermedad no se puede regresar a una normalidad total como le llaman.
Pero aun cuando el documento establece un tipo de reapertura en cuatro etapas, la idea misma de manejar unas guías entre empresarios dentro de un núcleo laboral que en muchos casos no respetan las normas y las leyes estatales, sustraídos por una matrícula que subyace con uniones obreras desarticuladas, propone ciertamente un riesgo de orden público a la población.
El 23 de abril pasado, el movimiento — Puerto Rico nos toca a todos — que está compuesto por miembros del sector privado y organizaciones sin fines de lucro, enviaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, para pedirle que reactive la economía tras dos meses de cierre en la actividad comercial.
Según lee la carta, dicen ellos que “estamos preparados para sumir nuestra responsabilidad inmediatamente mediante un plan estructurado con los debidos procesos y protocolos”.
Esto, en momentos cuando el Departamento de Salud de Puerto Rico indica que al presente hay 1,400 casos reportados de infectados y 56 muertes como consecuencia del COVID-19 en la Isla.
Pero eso es de lo que se sabe, basado en cifras que no están adjudicadas al momento y menos aun con una data viable de posibles ciudadanos que le hayan administrado las pruebas.
Decididamente este es un momento en nuestra historia en donde el curso y la incompetencia del estado cuesta vidas.
La ausencia de un gobierno preciso y honesto, que pudo desde meses atrás, intuir la probabilidad de una propagación real de esta enfermedad, deja al descubierto una flagrante irresponsabilidad.
La falta de transparencia en la adjudicación de contratos para la adquisición de pruebas y material esencial en centros hospitalarios, la corrupción y el desvío de fondos para apropiarse descaradamente de fondos públicos y federales proponen un panorama de gobierno que no está capacitado para enfrentar esta pandemia.
La incompetencia de los Secretarios de Gabinete en implementar estrategias y recursos que son sustantivos para ayuda a los más vulnerables, incide en el menosprecio ciudadano de nosotros los puertorriqueños hacia los políticos de turno y sus decisiones.
A ello se le suma esa intención descabellada de grupos empresariales que piensan que con la firma de un documento en blanco y negro por el estado van a poder operar con relativa normalidad sus comercios y empresas sin mediar consecuencias peligrosas en nuestra Isla.
Estoy seguro que cuando llegue el momento de la verdad y haya un repunte de este virus y nos aleje en un marco de tiempo imprevisible para llegar a esa normalidad como ellos le llaman, ninguno de estos paladines del comercio se van a ser responsables de las infecciones y mucho menos de las fatalidades.
Y el gobierno una vez más brillará por su ausencia o se habrá de escapar al amparo de esos tecnicismos legales que siempre protegen a los corruptos y la gente incompetente del estado que le han robado la vida a este pueblo.
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