Policía de Puerto Rico / Foto: JC |
El próximo 6 de febrero de 2020 se habrán de cumplir 40 años de la muerte de Adolfina Villanueva en Medianía Alta, Playa Tocones en Loíza.
En la mañana del 6 de febrero de 1980, 6 alguaciles y 16 agentes de la policía ejecutaban una orden de desahucio en contra de la familia Villanueva Pinet quienes vivían en una humilde casa de madera junto a sus hijos.
Doña Adolfina Villanueva fue alcanzada por un tiro de escopeta por parte de uno de los agentes de la Fuerza de Choque, en otras palabras: La Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico.
En la escena, su esposo Agustín Carrasquillo Pinet resultó con heridas de cuidado mientras permanecía inmóvil en el suelo para evitar que los agentes continuaran disparando.
Marta Villanueva, hermana menor de Adolfina relató el incidente y expresó que si su cuñado no hubiera estado en el suelo, lo habrían acribillado a tiros.
Dado de alta posteriormente, Agustín identificó al agente Víctor Estrella como el que le disparó a su esposa y que eventualmente resultó absuelto de los cargos en el juicio.
Doña Marta afirmó también en su declaración que no se pudo probar la premeditación y que la demolición de la estructura de madera destruyó la evidencia física sobre la procedencia de los proyectiles por parte de los agentes.
Este caso conmovió al pueblo de Puerto Rico y se convirtió desde entonces en un símbolo de lucha en contra del desarrollo desmedido y la lucha de clases entre pobres y aquellos más acaudalados.
Ante la memoria de la muerte de Doña Adolfina, retumba el eco profundo de una pregunta sin respuesta que truena contra los más altos intereses económicos y políticos del estado:
“¿por qué matarla?”
Carrasquillo Pinet, según su relato en una entrevista del periódico El Horizonte en 2010, su esposa en ningún momento salió con un machete como la fuerza armada de la policía alegó. Él nunca estuvo armado tampoco según se desprende de su declaración.
Este incidente fue el segundo detonante de una época de violencia social, policial y política en contra de personas pertenecientes a una clase social específica.
Los pensamientos políticos opuestos no habrían de tener cabida bajo un sistema opresor en esta década, cuyo desenlace veríamos más adelante y sobre el cual se desarrollaría el evento cumbre de ese estado político policial evidente: los famosos Sucesos sobre los Asesinatos en el Cerro Maravilla.
De hecho Carlos Romero Barceló expresó posteriormente en 1981 y citamos: “el pueblo de Puerto Rico tiene la garantía de que no se permitirá que grupos que atentan contra nuestra libertad y clima democrático, se impongan en nuestro pueblo”.
Con el triunfo al cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el Lcdo. Carlos Romero Barceló desde 1976, se materializó un nuevo orden político que tocó cada rincón, cada esfera de poder en nuestra isla.
Ese nuevo orden se consagró con estilos y operativos de campo con agentes encubiertos o mercenarios, que a pesar de estar vestidos de uniforme su objetivo principal era desestabilizar el orden establecido.
Eso lo hemos visto recientemente.
Su metodología estaba basada en crear la falsa impresión de un gobierno capaz de atajar cualquier acción y paralizar de “cuajo” cualquier tipo de ideología venga de donde venga; amparándose en un falso pretexto sobre un crecimiento nacional subversivo que tarde o temprano explotaría sobre nuestras instituciones.
De esa forma, se lograron instituir y legalizar cuerpos, divisiones y negociados dirigidos específicamente a investigar el área criminal y a manejar de forma encubierta así como también penetrar en la oscuridad grupos señalados de independentistas como objetivos criminales del estado.
Justo con ese ambiente nacional en tiempos de Muñoz Marín y Don Pedro Albizu Campos, el gobierno de Romero identificó áreas claves en cuanto al ejercicio de la seguridad, la Ley y el orden, protegiendo a “capa y espada” cualquier tipo de atisbo legal que menoscabara su filosofía operacional.
Para concluir deseo citar las palabras de Don Miguel Hernández Agosto: “el pueblo se dio cuenta de la importancia de proteger sus derechos, de ser un poquito más celoso en su sentido de vida democrático. De no confiar a ciegas en el sistema de investigación criminal en Puerto Rico, aun en la Policía”.
La División de Operaciones Tácticas (DOT) nació en el año 1962 bajo el nombre de la Unidad de Reserva Especializada. Su propósito principal era intervenir en situaciones de alto riesgo que pusieran en peligro la vida de la ciudadanía y la de los policías.
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