Castigar con la muerte ¿sigue siendo justo?

La pena de muerte es la conclusión de un panorama jurídico injusto en una sociedad cuya ruta final para ciertos actos criminales es la muerte.

Según www.uslegal.com la naturaleza de ciertos cargos requiere como recomendación final de castigo: la muerte. Recomendación que en muchas ocasiones se prescribe ya por el Congreso o la Legislatura Estatal.

Legalmente implantada, hasta octubre pasado, la pena capital se llevó a cabo en 30 estados de la nación norteamericana.

A base de la información de “Death Penalty Information Center” (Centro de Información sobre Pena de Muerte), a pesar de que se impusieron 42 sentencias de ejecución en 2018, el sistema jurídico cobró la vida de 25 personas.

De otro lado y a base de la data recopilada por el Proyecto de Justicia Criminal, para julio de 2018, unas 2,738 personas aguardan en lo que se le llama comúnmente el corredor de la muerte (“death row”) en Estados Unidos.

Restituida en 1976 por el Tribunal Supremo norteamericano, la pena capital acabó con la vida de 1,493 personas al 1 de marzo de 2019.

De cierto modo, la pena de muerte, aunque no es la solución perfecta al problema del crimen, resulta ser un antídoto de venganza social y jurídica contra personas declaradas culpables (entre comillas algunos de ellos), por cargos tipificados en el Código Penal de Estados Unidos y cuya última resolución de castigo es la muerte.

Aunque una mayoría de los Estados en la Nación poseen procesos para culminar este castigo, existen reglas y parámetros en términos de edad para que se realice una ejecución. Sin embargo, de acuerdo con ciertos cargos o imputaciones severas, la edad no impide el castigo de muerte.

Para el Gobierno Federal la sentencia de muerte se divide en delitos como el asesinato a un oficial del gobierno, secuestro y muerte, manejar una empresa dedicada al tráfico de drogas y por supuesto, la traición.

En abril de 1999, la Comisión de los Derechos Humanos de Las Naciones Unidas aprobó una resolución para establecer una moratoria global sobre ejecuciones.

La Resolución hacía un llamado a Países que no habían prohibido la pena de muerte, a que restringieran su uso incluyendo no utilizarla en delincuentes juveniles o de otro modo limitar dichos procesos.

10 países incluyendo Estados Unidos, China, Pakistán, Ruanda y Sudán votaron en contra de la medida.

De otra parte, para Amnistía Internacional la pena de muerte viola el principio fundamental del derecho a la vida. Como castigo es cruel, inhumano y degradante.

Otro modo de considerar la pena capital es que en la mayoría de los casos se utiliza en contra de las minorías, los desposeídos o más vulnerables basados en la género, características étnicas, cultura religiosa, raza o clase social.

En el modo político se ha utilizado para callar la oposición. En donde los sistemas de justicia están comprometidos y en los cuales el hecho de ejecutar a un inocente es más que probable.

La ejecución de la pena capital es final. Si se han cometido errores en el proceso que se ha llevado a cabo, no se puede enmendar. Una persona puede haber salido de prisión por un crimen que no cometió, pero cuando se ejecuta a un inocente no hay vuelta atrás.

En el caso de la contienda electoral de 2020 en Estados Unidos, según www.time.com, la pena de muerte puede muy bien convertirse en un punto clave de discusión sobre todo cuando una multiplicidad de conservadores opina distinto a Donald Trump sobre este mismo particular.

Basado en el artículo de Abigail Abrams: “The Death Penalty Could Become a 2020 Issue. But Many Conservatives Disagree With Trump”, del 16 de marzo de 2019, la candidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Kamala Harris expresó que quería terminar las ejecuciones a nivel federal colocando sobre la mesa el asunto de la pena de muerte como punto clave de discusión.

Esa expresión sucede casi simultáneamente cuando el Gobernador de California, Gavin Newsom anunció una moratoria hacia la pena capital en su Estado.

Este hecho en particular surge contrario a la posición del presidente Donald Trump, quien en un momento álgido en la historia través de un anuncio publicitario pagado por él, abogó por la pena capital en Nueva York. Un anuncio desafortunado y discriminatorio, máxime cuando el curso de la historia exoneró a los Cinco del Parque Central al probarse más allá de toda duda razonable que se les había acusado de un crimen injustamente.

El Presidente norteamericano se ha expresado reiteradamente y ha elogiado métodos en otros Países que aplican la pena capital, lamentando a su vez la moratoria del gobernador.

El concepto de la pena capital no es en esencia un ideario demócrata. A pesar que la oposición le ha adjudicado como si fuese un llanto de justicia liberal, poco a poco la conciencia bipartita ha elevado cierta conciencia nacional y se ha hecho eco de las preocupaciones ciudadanas y demócratas hacia la pena de muerte.

Carol Steiker, Profesora de Derecho en Harvard y estudiosa de la pena de muerte, ha dicho que muchas cosas han cambiado desde hace más de 30 años. Desde que Dukakis en 1998 trató de colocarse en contra de la pena capital y quedó herido políticamente en un debate con George H.W. Bush.

Tiempos han cambiado según menciona en el artículo; los Demócratas se inclinan más a la oposición de la pena de muerte que los republicanos. El apoyo a este tipo de castigo bajó un 30% desde 1996, de acuerdo con “Pew Research Center”.  Además, el apoyo republicano a la pena de muerte bajó 10 puntos porcentuales en adición a esa misma fecha.

En la última década, la pena capital se ha impedido en 10 estados de la unión ya sea a través de legislación, discusiones judiciales o por la imposición de ciertas moratorias según Steiker.

Cabe destacar que las sentencias a la pena capital bajaron un 90% cuando la cifra de 315 personas sentenciadas en un momento pico en 1996 se redujo a 31 sentencias de muerte en 2016, según los Informes del Centro de Información de Pena de Muerte en su reporte anual.

Miles de personas pueden argumentar que los procesos para ejecutar a un ser humano son legítimos tomando en cuenta sus delitos o agravantes. Llevarlo a cabo es en esencia un acto de venganza y una norma social.

Otro debate es la proporción del castigo. En Puerto Rico, por ejemplo, hace poco un joven de 19 años quemó a su novia de menor de edad en un 90% de su cuerpo. La chica murió poco después como consecuencia de las heridas. 

¿La conclusión debería ser que el estado tiene todo el derecho del mundo para ejecutarlo? 

¿Es esa la garantía social de un sistema justo? 

¿Ojo por ojo y diente por diente? 

Hacerlo sufrir sin piedad dicen algunos; aunque como siempre sucede, luego comiencen a lamentarse y a pedir perdón en una iglesia para purgar sus pecados y cantar las alabanzas.

No existe un sistema de justicia perfecto. 

Se cometen errores. 

Se cometen actos injustos que vemos a diario. 

Cuando medimos a las criminales con la misma vara ¿en qué nos diferenciamos?