La justicia no puede depender de la capacidad económica, de las relaciones personales ni de la posición que se ocupe dentro de una estructura de poder.
El lunes, 26 de octubre de 2026, trascendió a través de los medios de comunicación el caso de William Rivera Sánchez, quien, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, se atribuyó dos asesinatos perpetrados el día anterior. Horas más tarde, Rivera Sánchez fue encontrado muerto de un disparo dentro de su apartamento, en circunstancias que las autoridades investigan como un aparente suicidio.
Durante aquella transmisión, Rivera Sánchez manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
“Hace un tiempo atrás yo invertí un dinero para dos dispensarios de Cannabis Medicinal. Todos mis ahorros yo se los di a dos personas. Número uno, a Félix Plaud y segundo al licenciado Luis Quiñones. Estas dos personas se aprovecharon de mi buena fe, de mi buena voluntad, hicieron con el dinero lo que les dio la gana y las cosas que tenían que hacer con los dispensarios no lo hicieron. Yo me cansé. Me cansé de hacer las cosas a la buena y hoy tomé la decisión, ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala. Ayer asesiné a Félix Plaud y ahora mismo acabo de asesinar a Luis” (Telemundo, 2026).
Según informó la cadena de noticias, el abogado Luis Quiñones González fue baleado alrededor de las 10:45 a. m., cuando salía de un tribunal en Ponce. Horas después, aproximadamente a las 2:30 p. m., las autoridades recibieron otro reporte sobre un hombre encontrado baleado en el barrio Borinquen, cerca de una gasolinera en el municipio de Guayama. Posteriormente, la Policía confirmó que se trataba de Félix Plaud (Telemundo, 2026).
De acuerdo con la información divulgada, Rivera Sánchez había acudido a los tribunales mediante una demanda de cobro que sobrepasaba los 160 mil dólares. Asimismo, había presentado una reclamación por daños relacionados con la angustia emocional y otras circunstancias vinculadas con el mismo conflicto. Se trata de reclamaciones cuya trayectoria y estado procesal merecen examinarse con detenimiento.
De manera particular, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, expresó que los asesinatos del abogado Luis Quiñones González y de Félix Plaud no involucraban a la Rama Judicial. Sin embargo, según informó WAPA a través del programa Los Datos Son Los Datos, el analista político Jay Fonseca cuestionó la respuesta institucional y señaló que el Departamento de Justicia no había ido más allá ante la información de que Plaud acumulaba numerosos casos en su contra. También planteó interrogantes sobre la capacidad del sistema para atender oportunamente estas situaciones y determinar si procedía la radicación de cargos (WAPA, 2026).
Estas circunstancias nos colocan frente a una realidad que merece ser examinada: ¿hasta qué punto la lentitud de los procedimientos judiciales y la ausencia de respuestas oportunas debilitan la confianza de los ciudadanos en las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger sus derechos?
La justicia tardía puede convertirse en una forma de desatención institucional. El eco de las palabras del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, en su obra El sistema judicial en Puerto Rico (1978), debería servirnos de recordatorio. Al referirse a las deficiencias de nuestro sistema judicial, Trías Monge advertía sobre “las transcripciones tardías, las repetidas suspensiones, la complicación excesiva de los procedimientos, la falta de diligencia de algunos abogados, la ausencia de suficiente personal” y la necesidad de que la sociedad puertorriqueña se librara de esa situación para evitar que la fe en la justicia se debilitara irremediablemente (pp. 169–171).
Casi medio siglo después, cabe preguntarnos cuánto hemos avanzado realmente.
Aunque cometer un acto criminal está tipificado en nuestro Código Penal y el derecho a la vida constituye un principio fundamental, también debemos reconocer que la incapacidad de las instituciones para ofrecer respuestas oportunas a quienes acuden a ellas en busca de un remedio representa una seria deficiencia ciudadana. Una reclamación por un posible fraude, una disputa económica o cualquier otra controversia debe encontrar respuesta dentro de los mecanismos que establece la ley.
La frustración de una persona ante la aparente ausencia de soluciones institucionales merece ser examinada. Sin embargo, jamás puede convertirse en justificación para ejercer violencia contra otros. La justicia no puede ser sustituida por la venganza, como tampoco puede el Estado desentenderse de su responsabilidad de ofrecer remedios oportunos.
Por otra parte, esta situación no puede analizarse de manera aislada de la realidad política y administrativa que atraviesa Puerto Rico. Cuando al menos once funcionarios y secretarios de gabinete han sido señalados o referidos ante organismos de investigación, el Departamento de Justicia, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente u otras instancias, resulta indispensable examinar la responsabilidad pública y la transparencia gubernamental. Cada señalamiento debe evaluarse según su naturaleza y su estado, sin confundir una investigación con una determinación de culpabilidad.
A ello se suma un aparato gubernamental que parece permanecer distante frente al sufrimiento económico de la ciudadanía y las dificultades que enfrenta el país en materia de servicios esenciales. Mientras la gobernadora Jenniffer González y su administración continúan defendiendo sus ejecutorias, los ciudadanos siguen esperando soluciones concretas ante problemas que afectan su calidad de vida. La retórica política no sustituye la responsabilidad de gobernar ni puede convertirse en un mecanismo para ocultar las deficiencias de la administración pública.
En este escenario, la discusión sobre la justicia trasciende los tribunales. También nos obliga a examinar las estructuras gubernamentales, educativas y sociales que deberían garantizar condiciones de dignidad, igualdad y bienestar para todos.
Como reflexión sobre el poder, la desigualdad y la concentración de privilegios, William Miesok, en su obra Grim Begins(2025), plantea:
“no hay honor, no hay dignidad, solo el miedo lo mantiene todo unido. Mentiras y fantasías sobre un futuro brillante y prosperidad, ¿dónde está esa prosperidad? La disfrutan unos pocos en la cima, mientras que la gente común debe luchar para sobrevivir. ¿Dónde está la igualdad en eso? No se puede brindar justicia ni igualdad hoy, así que creen que un futuro brillante está a la vuelta de la esquina. Reemplazan a Dios con el Estado, reemplazan las tradiciones ancestrales, como este sinsentido, con rituales estatales, medallas y ceremonias de bandera. Quizás, lo que llaman igualdad y socialismo no sea más que otra forma de depositar un poder inmerecido en manos de unos pocos que gobiernan sobre los supuestos iguales” (Miesok, 2025).
Más allá de las interpretaciones políticas o filosóficas que podamos derivar de estas expresiones, existe una interrogante fundamental: ¿qué sucede cuando las instituciones que deberían garantizar la igualdad terminan reproduciendo las mismas desigualdades que tienen la responsabilidad de combatir?
La preocupación adquiere otra dimensión cuando examinamos el papel de las redes sociales y su utilización como instrumentos para divulgar, transmitir o amplificar actos de violencia. Las plataformas digitales han transformado radicalmente nuestra manera de comunicarnos. Sin embargo, esa misma capacidad de interconexión puede convertirse en un vehículo para propagar contenidos destructivos, estimular conductas violentas y facilitar la difusión de actos criminales.
El caso de Rivera Sánchez nos obliga a examinar esta realidad. Una persona que anuncia públicamente la comisión de actos criminales y posteriormente los transmite o reconoce mediante una plataforma digital coloca a la sociedad frente a un escenario que trasciende los mecanismos tradicionales de comunicación. No se trata únicamente de la conducta individual de quien comete un delito, sino también de las responsabilidades que deben examinarse cuando las plataformas digitales se utilizan para divulgar y amplificar contenidos violentos.
Un antecedente que permite ampliar esta discusión ocurrió el 14 de mayo de 2022, cuando un hombre armado asesinó a diez personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York. A raíz de estos acontecimientos, se presentaron reclamaciones judiciales contra distintas empresas tecnológicas, entre ellas YouTube y Reddit, por su presunta contribución a la difusión de contenidos y materiales que pudieron facilitar la planificación y ejecución del ataque (Politico, 2023).
En el caso de YouTube, las reclamaciones señalaban que la plataforma, propiedad de Google y su empresa matriz Alphabet, habría contribuido a que el atacante obtuviera información para planificar el atentado. Por su parte, Reddit fue cuestionada por la promoción de contenidos extremos mediante espacios especializados relacionados con equipos tácticos. Estas fueron alegaciones planteadas en el contexto de las demandas, no determinaciones definitivas de responsabilidad judicial.
Sobre este mismo acontecimiento, la Oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, publicó un informe investigativo titulado The Role of Online Platforms in the Tragic Mass Shooting in Buffalo, New York, en el que examinó el papel de distintas plataformas digitales en la difusión del contenido relacionado con el ataque del 14 de mayo de 2022.
En dicho informe se señaló:
“A raíz del tiroteo de Buffalo, los vídeos gráficos y las imágenes del tiroteo proliferaron a través de 4chan más que cualquier otro sitio visto en mi Oficina. Al discutir sobre su política de contenido uno de sus gestores principales indicó que —ni tan siquiera va en contra de las reglas porque las imágenes en sí no son ilegales, como tampoco son ilegales las imágenes de cualquier acto de violencia—”.
El documento también cuestionó la ausencia de medidas significativas para evitar la propagación de estos contenidos y examinó la utilización de transmisiones en vivo como mecanismos para divulgar e inspirar nuevos actos de violencia. En particular, señaló que Twitch deshabilitó la transmisión del ataque aproximadamente dos minutos después de comenzar la violencia, mientras que el contenido del atentado de Christchurch, Nueva Zelanda, transmitido a través de Facebook, continuó circulando después de finalizado el ataque.
La fiscal general advirtió que, aunque la transmisión del ataque de Buffalo fue relativamente breve, su contenido tuvo tiempo suficiente para difundirse ampliamente y convertirse en material potencialmente inspirador para futuros atacantes (Office of the New York State Attorney General, 2022).
Esta realidad nos obliga a cuestionar hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas digitales cuando sus servicios son utilizados para anunciar, transmitir o amplificar actos de violencia. No podemos ignorar que estas empresas tienen una capacidad tecnológica considerable para identificar, moderar y limitar la propagación de determinados contenidos. Tampoco podemos asumir que todas tienen idénticas responsabilidades o que la eliminación de un vídeo resuelve por sí sola el problema.
Las redes sociales, por otra parte, no pueden reducirse a sus aspectos negativos. Representan una herramienta extraordinaria de comunicación, intercambio de información y acercamiento entre personas. También han desempeñado un papel importante en la educación y la difusión del conocimiento, particularmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas tuvieron que recurrir a las plataformas digitales para mantener sus actividades educativas, laborales y sociales en medio de un confinamiento sin precedentes.
Asimismo, constituyen un mecanismo de comunicación inmediata que puede facilitar la búsqueda de ayuda y la difusión de información ante situaciones de emergencia. El problema no reside exclusivamente en la tecnología, sino también en el uso que hacemos de ella, en la responsabilidad de quienes la administran y en la capacidad de las instituciones para establecer mecanismos adecuados de protección.
Ante todos estos acontecimientos, debemos conservar la valentía necesaria para denunciar las deficiencias de la justicia, cuestionar la inequidad y exigir responsabilidades. A través de la investigación, el conocimiento, la educación y otros mecanismos de difusión, tenemos la oportunidad de contribuir a una sociedad más consciente de sus derechos y obligaciones.
La justicia no puede depender de la capacidad económica, de las relaciones personales ni de la posición que se ocupe dentro de una estructura de poder. Tampoco puede quedar subordinada a la paciencia de quienes esperan durante años una respuesta. Una sociedad que pierde la confianza en sus instituciones comienza a perder algo mucho más importante: su sentido de dignidad colectiva.
Ante esa realidad, tenemos la responsabilidad de denunciar, cuestionar y exigir respuestas. No desde la violencia ni desde la venganza, sino desde la valentía, la razón, la solidaridad y el respeto por la vida humana.
Porque la justicia, cuando deja de ser un derecho accesible para todos, termina convirtiéndose en un privilegio de unos pocos.
Referencias:
Hill, M. (2023, 16 de agosto). *Buffalo shooting survivors say social media companies and a body armor maker enabled the killer*. Associated Press. https://apnews.com/article/2de7c9fff3d3a90c28f926b304004c92
Miesok, W. (2025). *Grim Begins*. White Matter AS.
Office of the New York State Attorney General. (2022, 18 de octubre). *Investigative report on the role of online platforms in the tragic mass shooting in Buffalo on May 14, 2022*. https://ag.ny.gov/sites/default/files/buffaloshooting-onlineplatformsreport.pdf
Telemundo 51. (2026, 26 de octubre). *Escalofriante caso en Puerto Rico: hombre confiesa en redes el asesinato de un abogado y un activista*. https://www.telemundo51.com/noticias/puerto-rico/escalofriante-caso-en-puerto-rico-hombre-confiesa-en-redes-el-asesinato-de-un-abogado-y-un-activista/2840108/
Trías Monge, J. (1978). *El sistema judicial en Puerto Rico*. Editorial Universitaria.
WAPA-TV. (2026, 4 de noviembre). *Jay Fonseca critica a jueza presidenta del Supremo por desligar a los tribunales del caso de William Rivera*. https://wapa.tv/programas/losdatos/jay-fonseca-critica-a-jueza-presidenta-del-supremo-por-desligar-a-los-tribunales-del-caso/article_8541057a-33f6-4d16-8b18-d582d92ee905.html
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