Puerto Rico atraviesa una de las crisis más preocupantes de los últimos años. La falta de agua que afecta a numerosos sectores del área metropolitana ya no puede entenderse como un problema aislado ni como una interrupción pasajera de un servicio público. Desde el 7 de agosto, el Gobierno estableció un sistema de racionamiento de agua que somete a decenas de miles de ciudadanos a ciclos de hasta 48 horas sin servicio.
Pero las cosas no surgen por generación espontánea.
La sequía, las temperaturas extremas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño han contribuido al deterioro de las reservas de agua. De manera similar debemos admitir que mientras una parte significativa del territorio puertorriqueño enfrenta condiciones de sequía, Julio de 2026 fue el mes más seco registrado en San Juan en más de 120 años.
Pero existen otros factores: el estado de nuestra infraestructura y la capacidad del Gobierno para anticipar, planificar y responder ante una emergencia que era previsible.
Porque una cosa es que un gobierno no pueda controlar el clima. Otra muy distinta es que no esté preparado para enfrentar sus consecuencias.
En ese sentido, nos preguntamos: ¿está nuestro Gobierno realmente preparado para gobernar?
Gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando una crisis ya ha alcanzado proporciones extraordinarias. Gobernar significa anticiparse, establecer planes de contingencia, coordinar agencias, trabajar con los municipios y garantizar que los servicios esenciales puedan mantenerse aún bajo circunstancias adversas.
El agua y la energía eléctrica no son servicios secundarios. Son parte de la infraestructura indispensable para que una sociedad pueda funcionar.
Sin embargo, la realidad que experimentamos parece ser otra. La ciudadanía recibe comunicados, calendarios de interrupciones, recomendaciones para almacenar agua y llamados a conservarla, mientras miles de personas se preguntan cuándo volverán a tener un servicio regular.
La sequía puede explicar parte de la emergencia. No explica por sí sola la fragilidad de un sistema que llega a ella sin suficiente capacidad de respuesta.
Y esa diferencia es sencillamente abismal.
Por otra parte, uno de los ejemplos más reveladores ha sido lo ocurrido entre el municipio de San Juan y el Gobierno central.
El alcalde Miguel Romero ha reclamado públicamente soluciones ante los problemas recurrentes de agua que afectan distintos sectores de la capital. Incluso antes de que se implantara el actual sistema de racionamiento, numerosos sectores llevaban meses enfrentando interrupciones y dificultades con el servicio.
En este contexto ocurrió un episodio particularmente revelador.
En el programa Primer Round, Leo Aldridge relató que el alcalde había acudido a La Fortaleza para reunirse con la gobernadora Jenniffer González y discutir precisamente la situación del agua. Según el relato de Aldridge, Romero abandonó la reunión después de esperar más de una hora sin ser recibido.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre el municipio y el Gobierno central, el episodio plantea una pregunta elemental: ¿qué puede ser más importante que atender al alcalde de la capital cuando el asunto que lo lleva a La Fortaleza es la falta de agua que afecta a sus ciudadanos?
El problema, entonces, deja de ser solamente administrativo.
Se convierte en un problema de responsabilidad pública.
Y es precisamente la desidia del poder ejecutivo lo que provoca que el alcalde de la ciudad más importante exprese directamente que en efecto es un peligro estar gobernados por esta administración.
Asimismo, a esto se le añade la controversia que ha rodeado a varios funcionarios de la administración de Jenniffer González.
Francisco Domenech, quien ocupaba la Secretaría de la Gobernación, anunció su salida del cargo en medio de una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El PFEI autorizó ampliar una investigación relacionada con funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos para incluir a Domenech y a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, con el propósito de determinar si existe responsabilidad legal, penal o administrativa.
Domenech ha rechazado las alegaciones en su contra y ha sostenido que contienen mentiras, medias verdades y tergiversaciones. Precisamente por eso es importante distinguir entre una investigación y una determinación de culpabilidad: una investigación no establece por sí misma que una persona haya cometido un delito.
Pero la existencia de la investigación sí constituye un asunto de enorme importancia política para una administración que tiene la obligación de mantener la confianza pública.
Cabría entonces preguntarse: ¿qué ocurre con la confianza ciudadana cuando una administración enfrenta simultáneamente una crisis de servicios esenciales y cuestionamientos sobre la conducta de algunos de sus principales funcionarios?
Luis Dávila Colón ha expresado, desde una posición particularmente crítica, una visión mucho más severa sobre lo que está ocurriendo dentro del Partido Nuevo Progresista y del Gobierno.
En una de sus intervenciones públicas, Dávila Colón llegó a describir al Partido como secuestrado por intereses que, según su interpretación, han convertido el Gobierno en un espacio dominado por contratos, favoritismos y relaciones de poder.
Sus palabras son fuertes. Pero independientemente de que compartamos o no la totalidad de su diagnóstico, hay algo que merece ser examinado: la percepción de que las instituciones públicas han dejado de responder prioritariamente a las necesidades del ciudadano.
Ese es el verdadero peligro.
Porque cuando un ciudadano no tiene agua, cuando enfrenta interrupciones eléctricas, cuando una empresa depende de una cisterna para mantener sus operaciones o cuando un suplidor del Gobierno no sabe cuándo recibirá el pago por un servicio ya prestado, el problema deja de ser ideológico.
Se convierte en una cuestión de funcionamiento institucional.
Pero esto no termina aquí.
No debemos dejar pasar la implementación del nuevo sistema financiero del Gobierno de Puerto Rico, el ERP (Enterprise Resource Planning), que entró en vigor durante el verano de 2026 con el propósito de centralizar y modernizar procesos financieros, presupuestarios y administrativos.
La intención del sistema puede ser razonable. Modernizar la administración pública y centralizar procesos financieros debería contribuir a una mayor eficiencia y transparencia.
Pero cualquier transformación tecnológica de esta magnitud requiere planificación, transición, capacitación y capacidad de respuesta. Cuando un sistema que interviene directamente en procesos de cuentas por pagar comienza a generar incertidumbre entre suplidores y contratistas, el problema deja de ser tecnológico y vuelve a convertirse en uno administrativo.
El propio Departamento de Hacienda estableció que el nuevo ERP centraliza procesos financieros y administrativos de las agencias gubernamentales, incluyendo las cuentas por pagar y cobrar.
La pregunta no es si debemos modernizar el Gobierno.
Por supuesto que debemos hacerlo.
La pregunta es si estamos implementando esas transformaciones con la planificación necesaria para evitar que quienes dependen del Estado terminen pagando el precio de una transición deficiente.
Em conclusión hemos comenzado a normalizar lo que nunca debería ser normal.
Normalizamos los apagones.
Normalizamos la falta de agua.
Normalizamos las carreteras deterioradas.
Normalizamos las filas, la burocracia y la incertidumbre.
Normalizamos que el ciudadano tenga que resolver por su cuenta aquello que el Estado debería garantizar como parte de sus responsabilidades fundamentales.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente que un Gobierno sea incapaz de responder ante una crisis.
El problema es que la sociedad comienza a aceptar la incompetencia como una condición permanente.
Mientras miles de puertorriqueños almacenan agua, buscan cisternas, modifican sus rutinas y calculan cuánto tiempo podrán resistir sin un servicio esencial, la política continúa funcionando dentro de su propia burbuja.
No se trata de una cuestión partidista.
No se trata de defender al PNP, al PPD, al PIP o a cualquier otra organización política.
Se trata de algo mucho más elemental:
un Gobierno tiene la obligación de gobernar.
Y gobernar significa estar presente cuando la ciudadanía más lo necesita.
Porque cuando un pueblo tiene que preguntarse todos los días si tendrá agua, electricidad, servicios o respuestas, entonces el problema ya no es solamente una crisis de infraestructura.
Es una crisis de gobierno.
Y Puerto Rico no debería tener que acostumbrarse a vivir en ella.
Referencias
Colón, L. D. (2026, julio 17). Le pasaremos factura. La Mirilla.
Díaz, L., & Aldridge, L. (2026, agosto 7). Los Leo | Racionamiento | PPD vs. PIP | Demanda a LUMA | Hoy en Primer Round. Magic TV.
Departamento de Hacienda de Puerto Rico. (2026). Carta Circular de Finanzas Públicas Núm. 1300-01-27.
National Integrated Drought Information System. (2026, julio 23). Actualización del estado de la sequía en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
