Sin duda, el presente periodo histórico ha estado matizado por múltiples intentos de cancelar, silenciar o desacreditar a quienes disienten de determinadas posturas políticas, ideológicas o culturales. Incluso desde la propia presidencia norteamericana se han impulsado dinámicas de confrontación dirigidas hacia periodistas, comediantes y figuras públicas críticas de la administración. Tan reciente como el pasado 28 de abril, el presentador Jimmy Kimmel tuvo que defender públicamente el derecho a la libertad de expresión luego de que comentarios realizados en su programa provocaran presiones hacia ABC para solicitar su despido.
Contrario a la búsqueda consensual de ideas y al intercambio abierto de perspectivas, la cultura de cancelación se configura, como expresa Jonathan Rauch, dentro de un espacio que opera como un campo de batalla simbólico, en el cual se intenta “organizar, desmoralizar y manipular” mediante campañas de presión pública, desinformación o exclusión social. La cancelación no solamente pretende castigar una idea; frecuentemente procura desacreditar a la persona, erosionar su reputación y excluirla de los espacios de interacción profesional, académica o mediática.
Sus defensores argumentan que determinadas formas de denuncia pública pueden constituir mecanismos legítimos de responsabilidad social frente a expresiones discriminatorias o abusivas. Sin embargo, el problema emerge cuando tales dinámicas dejan de promover la deliberación y pasan a operar mediante intimidación, coerción social o campañas de hostigamiento dirigidas a destruir la credibilidad individual.
Si miramos retrospectivamente, podríamos identificar múltiples ejemplos de cancelación pública. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1989, cuando el líder supremo iraní Ruhollah Khomeini promovió una campaña contra el escritor Salman Rushdie tras la publicación de Los Versos Satánicos. Khomeini declaró públicamente que la obra atentaba contra el Islam e instó al asesinato del autor y de cualquier persona vinculada a la publicación del libro. Con recompensas millonarias y múltiples ataques violentos relacionados con la novela, el caso representó una de las formas más extremas y literales de cancelación: la eliminación física y simbólica del adversario.
En Puerto Rico, un fenómeno distinto, aunque igualmente relacionado con la presión colectiva y mediática, ocurrió en 2013 con la salida del aire de SúperXclusivo por WAPA TV. Luego de expresiones realizadas por el personaje de La Comay sobre el asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, se desarrolló una intensa campaña de rechazo público en redes sociales, incluyendo el movimiento “Todos Somos Enrique”. El retiro masivo de auspiciadores y la presión digital terminaron provocando la salida del programa luego de catorce años de transmisión. Más allá de la controversia particular, el caso evidenció cómo las plataformas digitales pueden convertirse en mecanismos de movilización colectiva capaces de afectar reputaciones, contenidos y estructuras mediáticas completas.
Otro ejemplo significativo ocurrió en el ámbito académico con Rebecca Tuvel. En 2017, la académica publicó un artículo en la revista feminista Hypatia defendiendo la discusión filosófica sobre la transracialidad. Aunque el texto había sido revisado y aprobado académicamente, provocó una intensa reacción pública en redes sociales y dentro de sectores universitarios. Cientos de académicos firmaron cartas exigiendo la retractación del artículo y una disculpa pública de la autora. En redes sociales, Tuvel fue objeto de ataques personales, insultos y cuestionamientos dirigidos incluso a exigir su despido. El caso reflejó cómo determinadas dinámicas digitales pueden desplazar el debate racional para sustituirlo por mecanismos de presión moral y exclusión pública.
Estos casos evidencian cómo la cultura de cancelación ha logrado insertarse dentro de la mediación social contemporánea. Según Rauch, algunos de sus efectos más visibles incluyen:
1. Castigar a la persona en lugar de debatir la idea.
2. Reducir la diversidad de expresión.
3. Incentivar la demagogia y el extremismo moral.
4. Destruir reputaciones y credibilidad pública.
5. Promover dinámicas de intimidación y acoso colectivo.
De manera similar, John McWhorter sostiene en su libro Woke Racism: How a New Religion Has Betrayed Black America que en numerosos espacios universitarios y sociales prevalece una forma de censura autoimpuesta basada en el temor al rechazo público. Diversas encuestas realizadas durante los últimos años reflejan que una parte considerable del estudiantado universitario evita expresar opiniones controvertibles por miedo a represalias sociales o académicas. Cuando estos temores se trasladan al ecosistema digital, el riesgo de exclusión pública se amplifica exponencialmente.
En este contexto, las redes sociales y plataformas digitales adquieren un rol central. La teórica José van Dijck sostiene que las plataformas contemporáneas no son espacios neutrales, sino estructuras programadas que organizan y condicionan las interacciones humanas. Entre sus características principales destacan:
Programación: capacidad de las plataformas para dirigir contenido mediante algoritmos y estructuras codificadas.
Popularidad: utilización de métricas y tendencias que amplifican determinados contenidos y narrativas.
Conectividad: integración acelerada de comunidades y alianzas digitales alrededor de intereses o causas comunes.
Dataficación: recopilación y análisis constante de información conductual para influir sobre dinámicas sociales, políticas y culturales.
Estas características permiten que campañas de presión, boicot o desprestigio adquieran una velocidad e impacto sin precedentes. La cultura de cancelación no opera únicamente desde individuos aislados; se desarrolla también dentro de arquitecturas digitales diseñadas para maximizar interacción, viralidad y reacción emocional.
De igual manera, doctrinas como “words that wound” (“las palabras hieren”), desarrolladas progresivamente en ambientes académicos y jurídicos estadounidenses desde finales del siglo XX, contribuyeron a consolidar una sensibilidad institucional orientada a restringir expresiones consideradas ofensivas o perjudiciales. Aunque originalmente dichas iniciativas buscaban proteger a sectores vulnerables frente al hostigamiento o la discriminación, también abrieron debates complejos sobre los límites entre protección, censura y libertad de expresión.
En definitiva, la cultura de cancelación refleja una transformación profunda en las formas contemporáneas de interacción social. Las redes digitales han ampliado extraordinariamente la capacidad de participación pública, pero también han facilitado mecanismos de vigilancia moral, hostigamiento colectivo y destrucción reputacional. Cuando la discusión racional es sustituida por campañas de intimidación o exclusión, la deliberación democrática se debilita y la libertad intelectual comienza a erosionarse.
No obstante, algunos de estos intentos de cancelación también han encontrado resistencia. Rebecca Tuvel nunca fue despedida ni sancionada por su universidad, y la revista Hypatia jamás retractó su artículo. Posteriormente, diversos académicos defendieron públicamente su derecho a la libertad académica y a la discusión intelectual abierta. La propia Tuvel expresó posteriormente que aquella experiencia fortaleció aún más su defensa de la libertad de expresión y del intercambio crítico de ideas.
En una época profundamente marcada por las mediaciones digitales, preservar espacios de discusión abierta, tolerancia intelectual y disenso legítimo constituye uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas.
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